Clausurada una residencia en Soto del Real por su "deplorable"estado

La Comunidad de Madrid acordó ayer, a instancias de la Fiscalía, el cierre por un año de la residencia Arzobispo Morcillo, a la que ha impuesto una multa de 127.000 euros. Servicios Sociales había recibido seis quejas del centro.

Un inspector de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid comunicó ayer por la tarde a los responsables de la residencia Arzobispo Morcillo de Soto del Real el cierre del centro horas después de que la Fiscalía reclamara la medida debido al peligro existente para la integridad y salud de los ancianos. La clausura del centro, de carácter privado, se produjo 48 horas después de que la fiscal encargada del servicio de discapacidades de la Fiscalía de Alcobendas realizara una visita rutinaria de inspección –junto a técnicos de las consejerías de Familia y Políticas Sociales– y comprobara el «deplorable» estado de los internos y de las instalaciones. La dirección de la residencia ha sido multada, además, con 127.005 euros. Desde 2016, hasta el área regional de Servicios Sociales habían llegado seis quejas sobre este centro.

La Comunidad ha puesto la situación en conocimiento de los familiares de los ancianos para que decidan al respecto. En caso de que no puedan asumir su cuidado, aseguran fuentes de Políticas Sociales, se les facilitarán plazas de emergencia en centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) o de la Dirección General de Dependencia.

La Fiscalía de Madrid ha ordenado a la Guardia Civil que elabore un atestado donde documente el resultado de la inspección realizada junto al correspondiente reportaje fotográfico y su intención es imputar a los responsables de la residencia la posible comisión de delitos contra la salud pública y contra la integridad de las personas, según informaron fuentes del Ministerio Público.

El pasado lunes, uno de los responsables del centro aseguró a la fiscal que no tenía acceso al historial clínico de los 60 ancianos, que se encontraban en una sala y que contaban sólo con dos auxiliares para atenderlos, «presentando alguno de ellos mal estado físico». La representante del Ministerio Público constató cómo en la habitación destinada a guardar los medicamentos no funcionaba la nevera donde se conservan las medicinas, que necesitan almacenarse a temperaturas bajas, por lo que en algunos casos, como en el de la insulina, la cadena de frío se había roto.

Los técnicos de la Comunidad ya habían realizado una visita de inspección en junio, al igual que hizo la Consejería de Sanidad el pasado día 1, a consecuencia de las cuales se precintaron la consulta médica, la de fisioterapia y el gimnasio. Tras levantar el correspondiente acta, los hechos se pusieron en conocimiento del fiscal decano para las personas con discapacidad, quien consideró necesario que la Guardia Civil elaborase el correspondiente atestado, en coordinación con el servicio CIRA, la subdirección general de la Comunidad de Madrid encargada de la inspección de residencias.

Desde la Fiscalía de Alcobendas se ordenó a la Policía Judicial de Tres Cantos que se desplazase «conjuntamente» con la fiscal hasta la residencia para proceder a una inspección en profundidad puesto que, además, las habitaciones de los internos estaban con «bastante suciedad, falta de higiene» y la comida se encontraba «en dudoso estado de conservación». Otra de las estancia se utilizaba a modo de almacén, pues servía para acumular cajas llenas de medicamentos.

El personal del CIRA, por su parte, fue informado del riesgo de incendio existente, ya que las mangueras no funcionaban e incluso el cuarto de calderas tenía una fuga de agua. A su vez, la Fiscalía ha ordenado a la Guardia Civil que requise el disco duro donde supuestamente se almacenan las imágenes de las múltiples cámaras de seguridad del centro, así como que precinte la habitación destinada a concentrar la medicación destinada a ser suministrada a los enfermos, «con el fin de evitar manipulaciones».

Los servicios médicos del Centro de Salud de Tres Cantos realizarán una evaluación sanitaria de los ancianos para valorar si son necesarios posibles ingresos en un centro médico.