¿Cómo se queda ahora la sanidad madrileña?

La decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de dejar sin efecto el proceso de externalización de seis hospitales no afectará a su gestión, que continuará siendo pública, aunque sí conllevará ajustes en el gasto que, en principio, no deberían tener una repercusión en los usuarios.

Desde que aquel 30 de abril de 2013 el Consejo de Gobierno diera luz verde a los pliegos de condiciones para gestionar los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Sureste (Arganda), Tajo (Aranjuez), Infanta Cristina (Parla), Henares (Coslada) e Infanta Sofía, el Ejecutivo regional ha sido consciente de que la situación podría sufrir un revés por la presión en las calles y en los tribunales.

Tanto fue así que la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2014 ya contemplaban los 170 millones de euros que la Comunidad debería emplear si se mantenía la suspensión de la privatización de la gestión, como al final ha resultado.

Desde la Consejería de Sanidad se insiste en que los referidos centros son y seguirán siendo públicos porque "todo sigue igual", aunque como explicó el propio presidente madrileño, Ignacio González, las medidas de eficiencia y eficacia en el gasto sanitario tendrán su continuidad los próximos meses.

Está por ver, sin embargo, cuál será la reacción y la decisión que ahora adopten las empresas BUPA Sanitas, Ribera Salud y grupo HIMA San Pablo, adjudicatarias de los hospitales.

Fuentes de las empresas han coincidido en que la decisión de la Comunidad merece un análisis pormenorizado por parte de sus servicios jurídicos, sobre todo porque los contratos que les otorgaban la gestión de los hospitales aún no se habían firmado.

Desde la Consejería de Sanidad han confirmado este extremo y lo han justificado en la suspensión judicial que pesaba sobre el proceso e impidió formalizar las adjudicaciones, completadas en agosto del pasado año.

Pero si los contratos no estaban firmados, queda en el aire si las empresas gestoras adjudicatarias podrán reclamar a la Comunidad de Madrid algún tipo de indemnización económica.

Ignacio González tampoco desveló si habría que indemnizar a las gestoras aunque recordó que todos los terceros afectados "lógicamente"tendrían que acatar la decisión judicial.

"La sentencia nos obliga a todos a acatarla y aplicarla", ha subrayado González, antes de apuntar que las empresas tendrán que asumir esa decisión.

González ha aclarado hoy también que la decisión de dejar sin efecto los planes sanitarios incluye la renuncia a externalizar además 27 centros de salud, medida también recogida en el plan sanitario aprobado a finales de 2012.