Del Cura niega a la inspección la documentación de su ático

La guerra abierta desde hace meses en Izquierda Unida de Rivas se saldó este lunes con la renuncia del alcalde. El punto final a la dilatada trayectoria política de José Masa, que se hará oficial en el pleno de hoy, abre la puerta a su «heredero natural». Casi con toda seguridad, Pedro del Cura, coordinador de IU en Rivas y principal azote de Masa en estos meses, se convertirá en el próximo alcalde. Su nombre deberá ratificarlo, no obstante, la asamblea local de la coalición de izquierdas, que se reúne la próxima semana. De momento, la formación ha dicho que prefiere centrarse en las fiestas locales y en la campaña electoral para las europeas.

El municipio más importante gobernado por IU en toda España estrenará de esta forma primer edil a poco menos de un año de las próximas municipales. Pedro del Cura comenzará su andadura con el apoyo de una gran parte de la militancia del partido –en su elección como líder local en 2012 como relevo de Masa se impuso con comodidad a sus dos rivales, logrando el 54% de los apoyos–. Su liderazgo, sin embargo, no ha estado exento de polémica en este tiempo.

El pasado mes de enero, LA RAZÓN publicaba que el concejal ripense, su familia y su ex pareja eran propietarios de hasta seis pisos de protección oficial. Además, Del Cura realizó obras en el domicilio que estaba a su nombre y también en el que era titularidad de su madre –anexo al suyo– sin pedir los permisos pertinentes. Estas informaciones motivaron el inicio de una investigación por parte de la Dirección General de Vivienda. El propio consejero Pablo Cavero adelantó el pasado mes de enero su decisión de abrir «diligencias previas para analizar e investigar si se ha producido alguna irregularidad». Del Cura, a través de un comunicado, reconocía las posibles infracciones: «Si la Comunidad de Madrid detecta alguna infracción administrativa, se sumirán las sanciones y modificaciones que correspondan».

A lo largo de estos meses, las diligencias abiertas por la Comunidad han seguido su curso. Tal y como ha podido contrastar este diario por fuentes municipales, los inspectores certificaron in situ que Del Cura había realizado obras en su ático sin que éstas fueran comunicadas a la autoridad regional en este ámbito. Esa reforma podría implicar que el piso de protección oficial a nombre del próximo alcalde superara los 150 metros cuadrados fijados como máximo para este tipo de viviendas. La inspección, en concreto, sirvió para comprobar que las obras de cerramiento de la terraza no contaban con la autorización necesaria. Se inició en ese momento un procedimiento sancionador que aún permanece abierto. Cuando ello le fue notificado al concejal ripense, éste presentó una alegación en la que afirmaba desconocer la normativa. En sus alegaciones, el líder de IU responsabiliza al administrador de fincas contratado por la comunidad de vecinos por no informarles de estos detalles. Para analizar si Del Cura ha superado con dicha obra la superficie máxima permitida, fue instado a que aportara los planos y la información sobre estos domicilios. Unos detalles que, hasta el momento, el concejal ripense no ha facilitado.

¿Deberá demoler la obra?

Una vez aporte los planos con los detalles de estas viviendas, la Dirección General de la Vivienda deberá determinar si el edil no ha respetado la normativa. En caso afirmativo, la Comunidad de Madrid podría obligar a Del Cura a restituir la vivienda a su estado original: debería demoler la obra realizada en la terraza. Incrementar la superficie de una vivienda protegida está tipificado como una infracción muy grave.

Dentro de las labores de inspección iniciadas tras las informaciones publicadas por LA RAZÓN, los inspectores regionales también efectuaron una visita a la vivienda de protección oficial propiedad de la ex pareja del concejal. Dicha investigación deparó que la vivienda ha sido arrendada sin el preceptivo visado de la Comunidad. Fuentes municipales subrayan que ese alquiler fue fijado en una cantidad superior a los 600 euros mensuales que determina la ley como máximo para este tipo de casas. La investigación, también abierta, busca ahora esclarecer si, por tratarse de una vivienda con préstamos estatales, fue alquilada además irregularmente en 2011, al no poder ser arrendada en los primeros 10 años. Teniendo en cuenta que la vivienda es de 2003, esta irregularidad, tipificada como grave, podría llevar aparejada una multa de entre 6.001 y 60.000 euros. Asimismo podría tener que devolver parte del préstamo con el que adquirió la vivienda y devolver los alquileres cobrados irregularmente desde 2011.