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El fiscal pide investigar si el marido de Carmena perjudicó a sus empleados

Ve indicios de un delito contra los derechos de los trabajadores, pero no contra la alcaldesa

Ve indicios de un delito contra los derechos de los trabajadores, pero no contra la alcaldesa

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La Fiscalía aprecia indicios suficientes para investigar si el marido de Manuela Carmena, Eduardo Leira, cometió un delito contra los derechos de los trabajadores al «aprovecharse» de la crisis económica para perjudicar a tres de sus empleados en su empresa i3 Consultores S. A, tal y como denunció Manos Limpias el pasado febrero. La Fiscalía, sin embargo, rechaza ampliar la investigación a otros delitos, como el alzamiento de bienes y contra la Seguridad Social, y ratifica que no existen indicios para investigar a la alcaldesa de Madrid como cooperadora necesaria, tal y como concluyó en septiembre de 2013 el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

El fiscal hace referencia a las «maniobras» de Leira denunciadas por el colectivo de funcionarios para «imponer a sus trabajadores la firma de un contrato laboral en el que fijaba que éstos tenían una categoría inferior a la que les correspondía por razón de las actividades laborales que realizaban en el seno de la empresa» i3 Consultores, ocasionándoles así un posible perjuicio en sus derechos laborales. En particular, el derecho a percibir la retribución adecuada conforme a los servicios realmente prestados.

Leira habría firmado esos contratos con sus empleados, recuerda el representante del Ministerio Público, «pudiendo aprovechar también la situación coyuntural existente en ese momento acerca de la crisis que se vivía en el sector inmobiliario». Y en esa conducta, la Fiscalía aprecia «indicios racionales» de la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, respecto al que exclusivamente solicita admitir a trámite la querella de Manos Limpias y tomar declaración al esposo de Carmena. Asimismo, pide que comparezcan como testigos los tres antiguos empleados de i3 Consultores que denunciaron los hechos.

El artículo 311 del Código Penal castiga con una pena de tres meses a seis años de prisión a los que «mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual».

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No obstante, en la misma resolución el fiscal promueve el archivo de la denuncia del colectivo de funcionarios contra Leira por alzamiento de bienes, y de Carmena como cooperadora necesaria, porque el Juzgado de Instrucción número 15 de la capital ya investigó los hechos y sobreseyó las actuaciones, al descartar que con la transmisión, por dación en pago, de Leira a su mujer de una finca en El Espinar se pretendiese eludir por parte del empresario el pago de una deuda con sus trabajadores.

La Fiscalía recuerda que esa decisión del pasado septiembre de 2013 (ratificada posteriormente por ese mismo juzgado a raíz de una nueva querella interpuesta por el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez) impide, en aplicación del principio de non bis in ídem, tramitar un nuevo procedimiento por los mismos hechos.

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Del mismo modo, el fiscal no aprecia indicios contra Leira para investigarle por un delito contra la Seguridad Social pues, hace hincapié, para que éste se produzca es necesario que «se haya defraudado a la Seguridad Social cuotas por importe de 50.000 euros». Pero la acusación pública reseña que la querella no aporta ningún dato, «ni siquiera indiciario», acerca del importe supuestamente defraudado por el esposo de Carmena y i3 Consultores en esas cuotas, sin que de los datos aportados pueda determinarse un presunto fraude a la Seguridad Social.

Cronología del caso

- Contrato irregular. Hasta el año 2009, el marido de Carmena mantuvo como falsos autónomos a varios arquitectos. En 2010, firmaron como técnicos de cálculo, es decir, como personal sin titulación.

- Llegaron los impagos. Pocos meses después, en julio de 2010, el estudio informó a estos empleados de que el pago de los salarios se retrasaría unos días. Sin embargo, no volvieron a cobrar.

- Condena. En marzo de 2011, los trabajadores demandaron a la empresa de Leira. La Justicia resolvió a favor de estos arquitectos al condenar al marido de la alcaldesa a pagar 140.490, 14 euros.

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- Insolventes. Tras la condena, se produjo el episodio que más de cerca afecta a Carmena. i3 Consultores se declaró insolvente. Según los empleados, Leira traspasó sus bienes a la actual alcaldesa para no pagar.

- Nueva causa. Manos Limpias presentó una querella en la que acusa al matrimonio de tres delitos (contra la Seguridad Social, contra los trabajadores e insolvencia punible), penados en conjunto hasta con 15 años de prisión.

- Infracción penal. El pasado mes de febrero, una jueza abrió diligencias por una posible «infracción penal» en relación a la «insolvencia» del estudio de arquitectura de la pareja de la alcaldesa.