El Govern de Carmena

Carmena tachó de «ilegal» la DUI, pero luego no quiso condenarla. El concejal de Hacienda fue ayer al Supremo en apoyo de los secesionistas catalanes. Ganemos pidió libertad para los «presos políticos».

Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía del Gobierno de Carmena, acudió ayer a las puertas del Tribunal Supremo para apoyar a los miembros de la Mesa del Parlamento catalán citados a declarar por su participación en los hechos que desembocaron en la declaración unilateral de independencia. Ganemos, una de las marcas que integran el partido de Carmena, calificó a través de Twitter de «presos políticos» a los miembros del Gobierno catalán que ayer pasaron su primera noche en prisión. Ahora Madrid, el partido cuya lista electoral encabezó Carmena en 2015, también criticó en la tarde de ayer a través de las redes sociales el encarcelamiento de Oriol Junqueras y del resto de consejeros del Ejecutivo catalán. Son sólo tres ejemplos, todos ellos acontecidos ayer, que ilustran las contradicciones existentes entre el discurso enarbolado por la alcaldesa en torno al desafío independentista y la posición de buena parte de sus compañeros de bancada.

Según la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, fue la propia Carmena la que fijó la posición de Ahora Madrid en torno a este cuestión en el Pleno de este lunes en Cibeles. Allí, la ex jueza aseguró que la puesta en marcha del artículo 155 por parte del Gobierno de Rajoy «es tanto inevitable como indeseable porque muestra el fracaso de la actividad política de los dos gobiernos, el de Catalunya y el de Madrid». Fue un paso más allá al sostener que la declaración de independencia escenificada en el pasado viernes en la Cámara catalana había sido ilegal. Sin embargo, apenas 24 después de esta intervención, la alcaldesa y los otros 19 ediles de Ahora Madrid se abstuvieron este martes en la votación de una propuesta del PP para condenar la DUI de Puigdemont.

Respecto a la decisión del delegado de Economía de acudir al Supremo a arropar a los miembros de la Mesa del parlamento catalán, Maestre aseguró en rueda de prensa que es algo «razonable» aunque quiso precisar que, en todo caso, se trataba de una decisión tomada a título personal por Sánchez Mato: «No se ha decidido en Junta de Gobierno ese apoyo, aunque es razonable cuando, por una actuación administrativa, haya una persona que se está enfrentando a cargos de semejante calibre». El propio Sánchez Mato, a través de las redes sociales, daba cuenta de su presencia junto al tribunal en el que debían declarar los diputados catalanes: «Defender el diálogo y la democracia no es delito: en las puertas del Supremo acompañando a mi compañero Joan Josep Nuet». El portavoz del PP en el consistorio, José Luis Martínez-Almeida, pidió a Carmena la destitución del delegado de Economía: «Pedimos su cese. Son las 10 de la mañana y el concejal de Hacienda en lugar de trabajar por Madrid está apoyando golpistas».

Tras la decisión de la jueza Lamela de ordenar la entrada en prisión de los ex miembros del Gobierno catalán, las únicas reacciones que se produjeron desde el partido de la alcaldesa llegaron a través de Twitter. Desde el perfil de Ahora Madrid, el mensaje publicado hacía patente el rechazo de la formación a la decisión adoptada en la Audiencia Nacional: «La cárcel no es la vía para solucionar lo que debe afrontarse desde la política. Necesitamos más democracia, más diálogo, más sentido común». Desde Ganemos, en el que se integran los ediles más críticos con la alcaldesa, daban un paso más al exigir la puesta en libertad de lo que denominaron «presos políticos», en referencia a los ex consejeros enviados a prisión provisional: «La entrada en prisión de políticos agrava el recorte de derechos civiles y golpea la democracia. Basta de represión».

Estas reacciones de solidaridad con la causa independentista llega después de que numerosos ediles de Ahora Madrid se hayan visto envueltos en los últimos meses en la polémica por este mismo motivo. El culebrón arrancó en mayo. Madrid Destino, empresa que depende actualmente de manera directa de la alcaldesa, cedió el auditorio de la Caja de Música, situado en el palacio de Cibeles, a una entidad cultural para que el por entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, lanzara un ultimátum al Gobierno de Rajoy. El Ejecutivo municipal se justificó entonces asegurando que se había limitado a alquilar el espacio por 3.000 euros. No ha sido ésta la única cesión polémica. En septiembre, la edil Rommy Arce –encuadrada en Ganemos– cedió la Nave de Terneras de Arganzuela al colectivo de Madrileños por el Derecho a Decidir para la realización de un acto en apoyo del referéndum ilegal del 1 de octubre. La Justicia paralizó esta cesión. El acto se trasladó a un teatro privado y allí contó con el apoyo de Rommy Arce, pero también de los otros concejales del ala más radical de Ahora Madrid: Montserrat Galcerán y Pablo Carmona. Sánchez Mato, junto a Galcerán y Carmona, también suscribió el manifiesto en apoyo del «derecho a decidir» de los catalanes. También en septiembre, los ediles de Ahora Madrid Celia Mayer, Guillermo Zapata, Carlos Sánchez Mato, Jorge García Castaño y Nacho Murgui acudieron a una concentración en Sol en respaldo de entidades secesionistas en la que se denunció «la falta de democracia» en España.

El penúltimo coqueteo con el secesionismo por parte del Ejecutivo de Ahora Madrid llegó tras la declaración de independencia. Ha sido de nuevo una polémica vinculada con Rommy Arce y con el aliento que nunca ha ocultado a la ruptura en Cataluña. Publicó un tuit en el que hizo suyo el comunicado del sector anticapitalista de Podemos en reconocimiento de la «república catalana». La oposición en bloque (PP, PSOE y Cs) reprobaron a Arce por estas palabras en la sesión plenaria del martes.