El PP abandona la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid

Dicen que es un «linchamiento político» contra su partido y acusan a la oposición de «atacar e insultar» a los comparecientes.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid anunció ayer su abandono de la comisión de investigación de la corrupción que desde julio de 2015 busca responsabilidades derivadas de los casos de corrupción que han ido saliendo y que afectan a las dos últimas legislaturas. Los populares no quieren participar «en el circo» en el que aseguran que se ha convertido y denuncian que la oposición «falta al respeto a la institución» por los «insultos, descalificaciones y ataques a la presunción de inocencia» de los comparecientes, la gran mayoría de ellos, dirigentes políticos o técnicos que trabajaron en los gobiernos presididos por el PP.

Los tres grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) acordaron ayer que estudiarán si este abandono tiene «consecuencias» y anunciaron que retomarán las sesiones en febrero con el tema de las supuestas irregularidades en la construcción y gestión del campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II para lo que Podemos ya ha solicitado que comparezcan, de nuevo, los ex presidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González. Las comparecencias en una comisión de investigación, a diferencia de las de estudio, son obligatorias por lo que los populares que sean llamados tendrán que acudir aunque su grupo no esté representado.

De hecho, en caso de recibir el apoyo el resto de grupos, González comparecería en esta comisión por tercera vez –ya lo hizo por las viviendas vendidas del Ivima y por el caso espías–. Y será también la segunda vez de Aguirre, que acudió en enero de 2016 cuando se analizaron las contrataciones de la Comunidad de Madrid con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), vinculadas a la trama Púnica.

No son los únicos ex presidentes que han estado en la comisión, que preside Ciudadanos y que se reúne los viernes cada quince días. La propia Cristina Cifuentes, fue llamada en mayo del pasado año para dar explicaciones porque salieron a la luz dos informes elaborados Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la adjudicación de los contratos de la cafetería del parlamento entre el 2009 y el 2011 al grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández. El último en comparecer de los tres ex dirigentes regionales –de los cuatro que tiene la Comunidad de Madrid– ha sido Alberto Ruiz-Gallardón. Lo hizo el pasado 15 de diciembre para someterse a las preguntas de los portavoces de los grupos con representación en la Cámara sobre la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en el marco del caso Lezo.

Aunque la comisión nació con polémica por la bronca destitución del entonces portavoz del PP en las sesiones, Jesús Gómez, nada más comenzar por levantarse de la mesa y abandonar la sesión sin consultarlo con su grupo en protesta por la posición que tomaron PSOE, Podemos y Ciudadanos, lo cierto es que las controversias no han cesado.

Podemos destituyó también a su portavoz, cuando José Manuel López cayó en desgracia para la cúpula morada. Fue sustituido por Lorena Ruiz-Huerta, un cambio que, junto al de Ramón Espinar por María Espinosa, ha traído, según el PP, un aumento de «faltas de respeto» e incluso «insultos» por parte de los podemitas a los comparecientes.

A pesar de que según el PP, ha sido Podemos quien ha hecho «el trabajo sucio» y el «linchamiento», es seguramente Ciudadanos –su socio de investidura– el que más daño le ha hecho. El bronco interrogatorio del portavoz en estas sesiones de Cs, César Zafra, a Cifuentes por los papeles de la UCO pasó factura durante un tiempo a la relación entre el Gobierno regional y los de naranja. Desde el PP también se quejan de la permisividad de la presidenta de la comisión, Dolores González Pastor, de Cs, y del resto de grupos parlamentarios «por puro ventajismo político», dicen.

Pero quizás lo que más ha indignado a los populares son los tiempos. «No hay precedente de una comisión que dure toda una legislatura», se quejaban ayer. Y es que la comisión fue creada en julio de 2015 y ha sido prorrogada hasta diciembre de 2018. Esto supondrá que será para primavera de 2019, en pleno proceso pre electoral cuando se llevará a Pleno el dictamen final. «Con la extensión de los plazos se quitan la careta y demuestran que lo único que quieren es alargar los trabajos hasta el momento previo a las elecciones del año 2019», afirmó ayer el portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio.