El PP redobla su apoyo a la concertada con un decreto

El Gobierno regional desempolva un proyecto de regulación que pretende aprobar antes de las elecciones en el que hace una defensa a la libertad de elección de los padres.

«El Gobierno de Sánchez quiere hacer daño a propósito a Madrid y aquí se hace una política opuesta a la del PSOE», dijo ayer el presidente regional, Ángel Garrido, tras el consejo de Gobierno. Y es que Garrido se ha metido a fondo en la guerra ideológica contra el Gobierno central en materia educativa. Si la ministra Celaá hablaba de cambiar la ley educativa vigente (Lomce) para garantizar que la enseñanza pública prevalezca sobre la concertada, aunque haya «demanda social» de estos colegios por parte de los padres, Garrido se ha lanzado a defender con ahínco que, por encima de todo, lo que debe prevalecer es la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos y ha hecho una férrea campaña en defensa de la escuela concertada en la que, por cierto, estudia uno de cada tres niños madrileños. El «ataque» socialista a la concertada se ha convertido en la espoleta que ha hecho que el Gobierno regional desempolve el borrador de decreto de régimen de conciertos educativos, que regula las «reglas de juego» por las que se deben regir estos centros para poder recibir subvenciones públicas como una forma de hacer oposición a las políticas del Gobierno central. El documento, que pretende sacar adelante antes de las elecciones de mayo (aunque requiere una tramitación de 6 meses) y que afectaría a 570 colegios de la Comunidad, contiene una importante carga política en comparación con el del año 1985 que es el que regula su funcionamiento a nivel nacional. Así, el borrador, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, defiende ya en su preámbulo la libertad de enseñanza, una de las cuestiones que forman parte del ADN del Partido Popular sobre el que Garrido se ha convertido en abanderado en la Comunidad. Así, puede leerse: «La diversidad se ve enriquecida por un elemento diferenciador adicional que aportan los centros privados: su ideario. La libertad de enseñanza no se garantiza sólo por la mera coexistencia de aquellos con los fondos públicos, sino que alcanza su plena expresión con la posibilidad real para las familias de elegir entre la pluralidad de opciones, con distintos principios orientadores, metas y prioridades». Y no sólo en el preámbulo, también desde el artículo 1 se habla de «libertad de elección».

La norma se ha visto con buenos ojos por parte de las partes implicadas. El presidente de la patronal de la escuela privada y concertada CECE, Alfonso Aguiló, considera que «es positivo que por fin se desarrolle esta norma en la Comunidad de Madrid, después de 33 años. Se adaptan algunas cosas de la ley vigente como, por ejemplo, la duración de los conciertos, y recoge normativa que estaba dispersa o con menor rango, como la referente a actividades y servicios, sin modificarla apenas». Sin embargo, «no hay especiales avances en cuanto a las demandas de la concertada, aunque siempre es positivo que la normativa esté recogida de una forma más actualizada y coherente. Sentimos, en particular, que no se haya aprovechado esta ocasión para desarrollar una solución para la financiación del tramo 0-3 años», manifestó.

José Antonio Poveda, secretario regional de Escuelas Católicas, cree también que la nueva regulación «no aporta mucho más respecto a lo que establecía y regulaba la legislación estatal, aunque sí hace precisiones de tipo técnico que aportan claridad y transparencia en las normas del concierto y hace hincapié en el carácter no lucrativo de las instituciones que prestan el servicio educativo». Y es que una de las principales novedades del documento es que se priorice a las entidades sin ánimo de lucro a la hora de conceder las subvenciones y que aporten una experiencia mínima de dos años en el ámbito educativo después de que el desembarco en el sector de instituciones que no tenían que ver con la educación haya provocado distorsiones. La novedad, sin embargo, no es representativa para el sector teniendo en cuenta que en los últimos años no se han concertado nuevos centros y la previsión es que tampoco haya demasiadas solicitudes.

Sindicatos del sector, como FSIE, también han remitido una carta al consejero madrileño de Educación, Rafael Van Grieken, con peticiones. Una de las principales es que el concierto se extienda también al Bachillerato y que los docentes trabajen en igualdad de condiciones que los de la pública.

En los últimos meses ha habido varias iniciativas por parte del Gobierno regional en defensa de la escuela subvencionada con fondos públicos. Garrido anunció hace poco el «cheque-bachillerato» para los alumnos con rentas bajas el próximo curso y financiará la orientación escolar. Mientras, el PP presenta mociones en todos los municipios madrileños y en la Asamblea madrileña en defensa de la libertad de enseñanza. En las redes lo hace con el hastag #educacionEnLibertad.

«Si tuviera superpoderes sería maestro»

La Comunidad de Madrid tiene previsto poner en marcha este mes una campaña de sensibilización para poner en valor la labor de los profesores con el lema «Si tuviera superpoderes sería maestro». La iniciativa supondrá una inversión de cerca de un millón de euros. De momento, el Consejo de Gobierno ha aprobado una dotación de 900.000 euros para difundir la campaña. La creatividad consta de spots de diferentes duraciones adaptadas para los distintos medios. Asimismo se hará llegar a todos los centros educativos de la región de cartelería. El lanzamiento de esta campaña coincide con el Día Mundial de los Docentes, que se celebra anualmente el 5 de octubre.