El reto de cerrar la ciudad por el norte y por el sur

Los deberes para el próximo Ayuntamiento: poner en marcha Madrid Nuevo Norte y desbloquear la Operación Campamento para impedir el colapso inmobiliario.

El nuevo Ayuntamiento que salga de las urnas, debe abordar con prontitud la planificación del Madrid del futuro, el desarrollo urbanístico de la ciudad, que ha de realizarse en los próximos diez años. Esto permitirá que haya nuevo suelo disponible para viviendas y equipamientos. Si no se lleva a cabo, el suelo urbanizable puede resultar escaso para atender la demanda de viviendas que se presume, y eso daría paso a una nueva burbuja inmobiliaria, según los expertos. Es necesario poner en marcha Madrid Nuevo Norte y desbloquear la Operación Campamento. Eso permitirá crear más suelo para el mercado inmobiliario privado. Aumentando la oferta, se evitará el encarecimiento del precio de los pisos; además, los planeamientos otorgarían al Ayuntamiento la cesión obligatoria de suelo público, según determina el Plan General de Ordenación Urbana, lo que permitiría construir más vivienda pública.

Cerrar Madrid por el norte y por el sur es una necesidad para la futura expansión urbanística de la ciudad. Aquí no valen posturas ideológicas, ni intereses de partido; el urbanismo tiene que ser, de una vez por todas, un instrumento de servicio y prestaciones al ciudadano. Los expertos insisten en la necesidad de que la nueva Corporación municipal afronte con urgencia estos desarrollos. El sensible retraso en Madrid Nuevo Norte y el bloqueo absoluto de la Operación Campamento, han puesto en riesgo el necesario desarrollo urbanístico que la ciudad necesita para proyectar su futuro para los próximos veinte años.

Si el viejo proyecto de Chamartín va a cerrar el desarrollo urbanístico de la ciudad por el norte, por el sur será la Operación Campamento la que ponga el broche para el futuro a corto y medio plazo de la expansión de la ciudad. El proyecto, pensado en 1998, se puso en marcha en 2005, con el protocolo firmado entre las partes implicadas: Ministerio de Defensa, Ministerio de Vivienda y Ayuntamiento de Madrid. Actuaron como firmantes, los ministros José Bono y María Antonia Trujillo, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón. Se construirían, en dos fases, más de 22.000 viviendas en terrenos que hasta hace años estuvieron ocupados por instalaciones militares, y aunque ese suelo fue cedido en su día por el Ayuntamiento al Estado, éste pretendía una compensación económica, bien a través de un desembolso o de un reparto en las plusvalías.

Pero la Operación Campamento sólo era viable con la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de la misma. El empresario chino Wang Jianli, propietario del grupo Wanda, hizo pública intención de invertir en este desarrollo 3.000 millones de euros, pero problemas burocráticos y legales fueron retrasando la puesta a la venta, en subasta pública, de los terrenos, y el empresario chino terminó por desentenderse y renunciar a esta inversión, con lo que quedaba paralizada sine die.

Este gigantesco proyecto preveía la actuación urbanística sobre más de un millón y medio de metros cuadrados calificados como urbanizables en la zona A, con la construcción de viviendas libres y de protección oficial (unas 10.000), oficinas, hoteles, centros comerciales, colegios, instalaciones deportivas, el soterramiento de una parte de la carretera de Extremadura, la construcción de un intercambiador de transportes y un aparcamiento disuasorio para más de 2.000 vehículos. En la zona B, la extensión supera los seis millones de metros cuadrados, en los que se podrían edificar 50.000 viviendas.

El pasado mes de septiembre, la alcaldesa, Manuela Carmena, ofrecía al Ministerio de Fomento desbloquear y activar la Operación Campamento, rebajando a la mitad el número de viviendas inicialmente previstas, dejándolo en unas 11.000. Se pretendía firmar un nuevo convenio entre las administraciones.

La oposición celebró esta iniciativa, «porque el gobierno de Carmena, lleva tres años encareciendo el precio de la vivienda en Madrid, a base restringir la oferta, favorecer a colectivos okupas, aumentar los impuestos inmobiliarios, encarecer las licencias de obra y restringir los pisos turísticos». Pero el desbloqueo del proyecto quedó en agua de borrajas y las posibles 60.000 viviendas iniciales, en una utopía, pese a las necesidades del mercado inmobiliario y de la administración para procurar viviendas de protección oficial.

El gobierno de Ahora Madrid cierra la legislatura sin cumplir la necesidad de sacar adelante la Operación Campamento, aunque de haberlo hecho, habría puesto sus condiciones: veto a la iniciativa privada, por lo que la actuación sería sólo pública; el mercado de la vivienda libre se reduciría al 40 por ciento, mientras que el restante 60 por ciento serían de promoción pública, bien de precio limitado, protección oficial o en alquiler social, exigencias que harían más difícil el acuerdo y el desbloqueo.

El inminente desarrollo urbanístico no puede esperar. Hay que activar estas dos grandes intervenciones, que podrían a disposición de la iniciativa privada unas 27.500 viviendas, y 32.500 de promoción pública. Es un reto necesario, gobierne quien gobierne el nuevo Ayuntamiento.