El Valdeluz, «en el banquillo» como responsable civil subsidiario

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha dado traslado al Colegio Valdeluz de su condición como responsable civil subsidiario de su empleado Andrés Díez, el profesor de música procesado por haber cometido supuestamente abusos sexuales a alumnas del centro entre 2004 y 2014. Esta responsabilidad civil subsidiaria afectaría a las eventuales indemnizaciones que el juez determine para las afectadas por los presuntos abusos. Según una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juez Hermenegildo Alfredo Barrera da a la dirección del Colegio Valdeluz, en su condición como responsable civil de su empleado, el citado docente, cinco días para aportar la correspondiente póliza de responsabilidad civil, a los efectos de las indemnizaciones que podrían recibir las víctimas, en caso de que dicha póliza exista. Igualmente, reclama a la dirección del centro escolar que presente el contrato laboral del profesor procesado.

El magistrado ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía que reclamó que de conformidad con el artículo 120.4 del Código Penal, que señala que «las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios». El pasado septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la exculpación de los directivos del colegio Valdeluz al no haber indicios de que conocieran los abusos del profesor. Y es que tanto el ex director como el ex jefe de estudios fueron acusados de «omisión del deber de perseguir delitos», si bien los hechos habrían prescrito al haber sucedido en 2011. Además, la Audiencia Provincial ratificó su exculpación al considerar que «no existe el menor indicio razonable del conocimiento de los hechos».

Andrés D. D. está procesado por supuestamente haber abusado sexualmente de 15 niñas –el pasado noviembre el juez amplió los supuestos delitos de seis a 15 al encontrar indicios de más víctimas–, entre los años 2004 y 2014. El profesor de música se encuentra en libertad provisional bajo una fianza de 12.000 euros y tiene prohibido acercarse al colegio, a la academia de música que regentaba y a las denunciantes en un radio de 500 metros, así como a comunicarse con ellas mediante cualquier medio. El juez de instrucción considera que existen indicios de que el procesado durante las clases que impartía «valiéndose de una clara relación de superioridad respecto de las mismas realizó tocamientos continuados en sus partes genitales durante los años que asistieron a clase de música».