Gómez abonó los «sobresueldos» anulados por el Gobierno de Parla

La pasada semana, el fiscal del caso en el que se investiga la polémica destitución en 2009 del ex jefe de la Policía Local de Parla solicitó al juez la inhabilitación del alcalde de esta ciudad. Una petición de inhabilitación ante la que el afectado, el socialista José María Fraile, aseguró estar muy tranquilo. No es éste, sin embargo, el único frente judicial que tiene abierto el primer edil parleño. En la causa que trata de esclarecer el pago de complementos salariales supuestamente ilegales a los funcionarios municipales, el alcalde está imputado. Antes de finalizar la fase de instrucción de este proceso, la jueza pidió el pasado mes de marzo información a la intervención municipal con el fin de esclarecer si los «sobresueldos» de la discordia comenzaron a pagarse cuando el actual secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ocupaba todavía la alcaldía. A petición del fiscal, el juzgado reclamó en marzo al consistorio toda la documentación necesaria para saber si los procedimientos investigados entre los años 2008 y 2011 –a raíz de la aprobación de un convenio colectivo que abrió la puerta al pago de pluses salariales a los empleados públicos contrarios a la legislación– tenían su origen en los años precedentes y, más en concreto, entre 2004 y 2007, con Gómez como primer edil.

Dando cumplimiento a los requerimientos de la jueza que investiga este caso, el viceinterventor del Ayuntamiento finalizó su informe el pasado 15 de abril para, acto seguido, remitirlo al juzgado. En dicho documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el viceinterventor confirma que, tal y como ocurriría en 2008, la Delegación del Gobierno pidió eliminar del convenio algunos complementos «ilegales» del convenio colectivo para los empleados públicos cuya vigencia abarcó los años comprendidos entre 2004 y 2007. En lo que afecta a la investigación por la que Fraile ya está imputado, cabe recordar que el presunto delito parte del hecho de que a pesar de que los artículos señalados como ilegales por la delegada del Gobierno fueron «formalmente anulados» –pluses del Fondo de Absentismo, del Fondo Social y como gratificación por las jubilaciones anticipadas– posteriormente se siguieron pagando. Una cronología que, por lo que afirma el viceinterventor en su informe, ya se había realizado paso por paso cuatro años antes.

Trabas a la investigación

La Delegación del Gobierno instó en diciembre de 2004 a eliminar dichos complementos. En concreto, reclamó suprimir un artículo en el que se garantizaba una revisión salarial al alza por encima de lo dictaminado por la Ley General de Presupuestos del Estado como adelanto de la productividad anual; otro que regulaba el Fondo de Absentismo para «incentivar a los funcionarios»; otro más que «actualizaba las tablas salariales en atención al IPC con cargo al complemento de productividad»; y un artículo final que, en uno de sus apartados, aprueba una ayuda lineal de 298 euros a todos los empleados, y en otro apartado contempla «una aportación a un grupo de empresas». Esos fueron los artículos que la Delegación del Gobierno –además de la Dirección General del Trabajo de la Comunidad de Madrid– pidió suprimir. Y tal y como ocurrió con Fraile como alcalde, esos puntos –reza el informe– fueron anulados en una Junta de Gobierno Local, tras lo cual, la Delegación del Gobierno archiva sus actuaciones a este respecto. De esta forma, el viceinterventor confirma a la jueza que esos pluses fueron aprobados y anulados, al menos sobre el papel.

La otra cuestión sobre la que solicita información la jueza a la intervención municipal es la relativa a esclarecer si tras esta anulación, el Ejecutivo local de Tomás Gómez siguió abonando estos pluses en las nóminas de los trabajadores. Y en este punto, la respuesta del viceinterventor es menos concluyente. Se queja de la «escasa documentación disponible», de «errores de contabilidad» y de las «dificultades» que ha encontrado a la hora de dar respuesta a la cuestión planteada.

Sí llama la atención el reconocimiento de que en esos años no hubo fiscalización de las nóminas por parte de la intervención municipal. Literalmente, afirma el documento que «en cuanto a los expedientes de nómina examinados entre los ejercicios 2004 hasta el 2007, se ha podido advertir de la ausencia de informes de fiscalización previa de estos expedientes». Asimismo, destaca que estos informes de fiscalización de las nóminas reservaban un espacio para la firma del interventor, y que en ninguno de ellos «aparece su firma como expresión de su conformidad».

Respecto al análisis de cada uno de los complementos anulados por el propio equipo de Gobierno de Tomás Gómez, el viceinterventor se escuda en la «escasa documentación» para no dar una respuesta concluyente aunque sí reconoce que algunas partidas relacionadas con los artículados anulados se siguieron abonando. Destaca, por ejemplo, que el viceinterventor afirme que tanto en 2004, como en 2005 y 2006, a los empleados públicos sí se les reconoció conceptos retributivos como «anticipo de productividad», «liquidación productividad» o «atrasos anticipo de productividad». Subraya el informe que no se puede «deducir de la documentación que obra en los expedientes de nómina, a que responden estas cantidades que se abonan con cargo al concepto de productividad». Asimismo, y en referencia a estos pagos en 2004, el viceinterventor destaca que no se acreditan «los motivos o causas que justifiquen el reconocimiento de estos nuevos conceptos retributivos». Aunque concluye que, por la documentación aportada, no puede saber sí estaban aplicándose «los artículos anulados». Sí reconoce que estos pagos, al menos en 2005 y 2006, suponen un incremento superior al 2 por ciento exigido por la Ley General de Presupuestos del Estado, tal y como le había recordado la Delegación del Gobierno en su requerimiento de anulación al consistorio.

En cuanto a lo que afecta a otro de los pluses anulados, el Fondo de Absentismo, el informe advierte que «sí tuvieron lugar en los ejercicios de vigencia del Acuerdo ahora cuestionados el pago de cantidades con cargo al Fondo de Absentismo, que independientemente de su denominación, constituye un concepto retributivo que forma parte del complemento de productividad» y cuyo objetivo es el de incentivar a los funcionarios. De hecho, en la Cuenta General del año 2007, el último de aplicación de este convenio, se siguió incluyendo una partida de «Fondo de Absentismo», presupuestada en 72.000 euros y de la que finalmente se pagaron 37.000 euros.

Y finalmente, respecto a los pagos con cargo al Plan de Pensiones –artículo también anulado, y que fijaba una aportación de casi 300 euros para todos los trabajadores– el informe apunta a que «el Ayuntamiento transfería una cantidad que repartía de forma lineal a cada uno de los partícipes en concepto de contribución empresarial al Plan de Pensiones». En las conclusiones del documento, afirma que estos pagos sí están amparados por la legislación aunque el consistorio debiera haberlos adecuado a la normativa estatal.

El interventor, clave en la investigación

El juez le llamará a declarar

El trabajo de los miembros de la intervención en el Ayuntamiento de Parla está resultando clave a la hora de esclarecer si el Consistorio pagó «sobresueldos» ilegales tanto durante la etapa en la alcaldía del Secretario general del PSM, Tomás Gómez, como de su sucesor en Parla, José María Fraile. Es por esto por lo que el juez que instruye este caso por el que está imputado el actual regidor parleño tiene previsto llamar a declarar al interventor para que explique, entre otras cosas, el estado de las cuentas municipales durante la citada etapa. Durante la instrucción de este caso tanto el magistrado como el fiscal se han interesado por el informe elaborado por el interventor sobre los pagos realizados por el Ayuntamiento de Parla a sus trabajadores. Además de en los juzgados los presuntos pagos irregulares a los trabajadores municipales también están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas, que abrió una investigación después de que LA RAZÓN publicara en exclusiva el 26 de abril de 2010 que Tomás Gómez, antes de abandonar el bastón de mando del Ayuntamiento, en 2008, autorizó pagos presuntamente ilegales.