Gómez tendrá que hacer frente al «caso sobresueldos»

MADRID- Hasta ahora, dos juzgados llevaban de forma paralela la investigación del pago de sobresueldos a empleados públicos por parte del Ayuntamiento de Parla. En octubre de 2011, el Partido Popular presentó una denuncia ante el Juzgado número 5 de Parla contra el actual alcalde, José María Fraile, por mantener el pago de complementos salariales a los funcionarios. A ello se sumó el hecho de que, en noviembre de 2012, la Fiscalía de Getafe-Leganés denunció también al alcalde ante el Juzgado número 2 de la ciudad por tener indicios de que Fraile habría incurrido en los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Ahora, a petición del fiscal, ambas causas se unirán y la denuncia de la propia Fiscalía se trasladará al Juzgado número 5, en donde se investiga la presentada por los populares parleños. La petición de la Fiscalía, realizada a través de un escrito con fecha de 15 de abril, fue aceptada por el juez el 8 de mayo. Circunstancia ésta que convierte al Partido Popular en acusación particular en este caso, y como tal podrá solicitar la citación de testigos. En este contexto, según ha podido confirmar este diario, el PP va a pedir nuevas comparecencias. Entre la nómina de las personas que podría solicitar que fueran citadas como testigos están la secretaria y la interventora del Ayuntamiento, así como los representantes sindicales que participaron en la mesa que supuestamente anuló el pago de los sobresueldos –aunque en la práctica se siguieron abonando en las nóminas–. Además de a todos ellos, el PP también estudia citar al actual secretario general del PSM, Tomás Gómez, ya que durante su etapa como alcalde de Parla se aprobó el convenio que amparó el pago de los controvertidos pluses.

En su escrito del 15 de abril, el fiscal de zona también pide al juez la citación como imputada de la técnica de relaciones laborales, Susana Giral Hipoli. Antes de ser una de las damnificadas por los despidos aprobados por Fraile en 2011, está trabajadora del Ayuntamiento fue la encargada de elaborar un informe en torno a la exigencia de la Delegación del Gobierno de que se eliminara el pago de sobresueldos por exceder las competencias municipales. Esta técnica de relaciones laborales sugirió a la Junta de Gobierno –a través de un informe del 15 de enero de 2009– que se realizasen prácticamente todos los cambios reclamados por la Delegación del Gobierno en el convenio de los trabajadores públicos. Ese mismo día, esta trabajadora participó en una reunión con los representantes sindicales de los funcionarios para acordar la suspensión del pago de sobresueldos. Se eliminaron, por tanto, los complementos del convenio en esa reunión –decisión ratificada también por la Junta de Gobierno–, lo que no impidió que los trabajadores públicos siguieran percibiendo unos pluses con un alto coste para las arcas municipales hasta 2012: 1,6 millones de euros procedentes de los denominados fondos social y de absentismo y en concepto de gratificaciones por jubilaciones anticipadas y forzosas.

La solicitud del fiscal de que declare como imputada esta ex empleada del consistorio llega después de que Fraile declarara como imputado y reconociera que los pagos se efectuaron porque «estaban santificados por los técnicos».

Culpa de los técnicos

En su última declaración ante el juez, el 5 de marzo, el alcalde de Parla aseguró que el pago de los sobresueldos tenía el «ok» de los técnicos del consistorio. Ahora, el fiscal pide la imputación de una técnica de relaciones laborales.