Parlamento Regional
González fuerza a PSOE e IU a bajarse del coche oficial
El PP propondrá hoy en la Asamblea la supresión del vehículo al que tienen derecho los portavoces
A partir de ahora, los portavoces de la Asamblea regional que quieran tener coche oficial deberán pagarlo con el presupuesto que con carácter anual asigna la Cámara autonómica a cada uno de los cuatro grupos con representación en la misma. Ésta es una de las novedades del nuevo curso político que inauguró ayer su periodo de sesiones con un encuentro entre el presidente regional, Ignacio González, y sus compañeros en el parlamento madrileño. En Vallecas, el jefe del Ejecutivo anunció que el Partido Popular registrará hoy mismo un escrito para que este asunto se trate en el turno de ruegos y preguntas de la próxima Junta de Portavoces.
Gónzalez solicitó a la oposición que realice «un ejercicio de responsabilidad, que prediquen con el ejemplo», y es que la medida afectará únicamente a los portavoces de PSOE e Izquierda Unida quiénes, si todo sale según lo previsto, perderán su coche oficial a partir del próximo 31 de diciembre. El caso de PP y UPyD es diferente porque sus representantes ya renunciaron a sus vehículos en 2011. El presidente regional explicó que tras la supresión del coche oficial del portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, «ahora queremos que se eliminen definitivamente» y que los portavoces se desplacen con medios propios.
Fuentes del Ejecutivo regional confirmaron que la idea es que este ahorro aparezca ya reflejado en el presupuesto para 2014 que el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará a últimos de este mes. Así, tanto Tomás Gómez –que en realidad se mueve por la región en un coche que sufraga el PSM, mientras que la presidenta del grupo socialista, Amparo Valcarce, hace uso del vehículo– como Gregorio Gordo, tendrán que hacer frente a los gastos de transporte de sus diputados con cargo a su indemnización anual.
En este momento la Cámara regional hace frente con carácter mensual a los algo más de 600 euros que cuesta el renting de cada uno de estos dos vehículos (el año pasado el renting de estos coches se redujo en un 30% y ahora mismo está prorrogado). A parte, los grupos deben pagar con cargo a su presupuesto las nóminas de sus conductores. Además, cada diputado tiene 170 euros como máximo al mes para taxis.
La propuesta de González fue recibida con tibieza por los grupos afectados. El socialista José Quintana consideró la iniciativa como «injustificable» cuando la cámara adjudicó ocho vehículos «hace dos o tres meses». Al presidente de la Comunidad de Madrid, en lugar de «defender» a los madrileños, lo único que se le ocurre en esta situación es «eliminar cuatro puestos de trabajo y por lo tanto quitar los dos coches a la oposición», apostilló el socialista en declaraciones a Ep,a pesar de que ya el año pasado, cuando se redujo el número de coches oficiales del Ejecutivo autonómico, los chóferes fueron recolocados en otros puestos de la administración. Por su parte, el portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, recordó que él ya ha renunció al coche oficial a su llegada a la cámara y calificó de «curiosa» la iniciativa.
En la actualidad, el parque móvil de la Asamblea se ha reducido de 22 a 12 vehículos. Un coche blindado se vendió y dos más se cedieron a la administración, explicaron fuentes de la Asamblea. Además, según figura en su página web, la cámara tiene ahora seis coches más preparados para salir a subasta por un precio base de 24.000 euros.
Ésta no es la primera ocasión en la que se producen recortes en el presupuesto para movilidad de los diputados autonómicos. El año pasado por esta misma fecha, el PP en la Asamblea propuso una reducción de un 10,9% en la asignación a los partidos. Asimismo la propuesta contempló la eliminación de las tarjetas para el peaje a las que tenían derecho sus señorías y se les redujo a la mitad su presupuesto del servicio de taxis. Entonces la medida salió adelante únicamente con los votos de los parlamentarios populares. Los diputados del PSM e IU decidieron abstenerse en la votación. En el año 2011, el Gobierno regional redujo la asignación a los partidos en la Asamblea un 10%, una cifra que menguó un 12,5% más al año siguiente.
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