La externalización sanitaria, en suspenso por la reducción de la fianza a las empresas

La Justicia resolvió ayer paralizar de forma cautelar la externalización de seis hospitales en la región. La decisión llega en pleno proceso de adjudicación –todavía no se han firmado los contratos– de los centros hospitalarios a las tres licitadoras que concurrieron al concurso.

La Justicia resolvió ayer paralizar de forma cautelar la externalización de seis hospitales en la región. La decisión llega en pleno proceso de adjudicación –todavía no se han firmado los contratos– de los centros hospitalarios a las tres licitadoras que concurrieron al concurso. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue celebrado como una victoria por los sindicatos sanitarios y por la oposición política, encabezada por el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. El Gobierno de Ignacio González, sin embargo, confía en solventar este escollo una vez haya dado forma a las alegaciones que deberá presentar en los próximos tres días. «El tribunal no ha tumbado absolutamente nada» apuntó el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en su comparecencia ante la Prensa.

La resolución en la que el Tribunal Superior suspende temporalmente el cambio de gestión de los seis hospitales atiende la petición formulada en el recurso contencioso-administrativo presentado por diputados socialistas. Las siete páginas del auto no entran a valorar el fondo de la externalización, esto es, si es legal o no que una empresa privada gestione la atención sanitaria de un centro público. Acepta sin más la suspensión temporal del proceso al estimar que la modificación que la Consejería de Sanidad introdujo en la cuantía de la garantía contractual a prestar por las empresas adjudicatarias podría «exceder del ámbito de rectificación de un simple error material... y podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva». Cuatro días antes de que acabara el plazo para presentar ofertas para gestionar los hospitales, la Consejería, a través de una correción de errores en los pliegos, fijó que la fianza definitiva que debían aportar las compañías adjudicatarias sería un 5% del importe anual del contrato, en lugar de un 5% sobre el total de los 10 años que dura la concesión. Esta modificación, según el recurso de los socialistas, se traduce en una reducción de la garantía contractual de alrededor del 90%. Sobre esta cuestión, Lasquetty precisó que todo obedece a «un error material» que fue corregido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid «después de que algunas empresas se dirigieran a la consejería para solicitar esta aclaración». No hay modificación por tanto, por parte de la Consejería, sino una aclaración.

El auto también justifica la decisión de dejar en suspenso el proceso hasta conocer las alegaciones de la Comunidad por la «inmediata adjudicación de los contratos anunciada por el consejero».

Sin noticias de más empresas

Lo que los autores del recurso plantean es que la modificación a la baja de la fianza podría haber influido en la decisión de otras empresas de haberse presentado al concurso. El Gobierno, sin embargo, no tiene constancia de que alguna otro grupo del sector sanitario se hubiese animado a concurrir al concurso. El propio Lasquetty precisó que su departamento no recibió ninguna queja por parte de alguna empresa en relación a esta polémica. El consejero también sostuvo ayer que la corrección se hizo «con tiempo suficiente» para que estas empresas pudieran decidir presentarse o no. Al margen de los argumentos meramente técnicos relacionados con la cuantía de la fianza, el titular madrileño de Sanidad expresó su total confianza en que el TSJM avale finalmente la externalización: «El concurso se ha hecho con máxima publicidad, transparencia y total respeto a la legalidad». Sobre la hipótesis contraria, que supondría la paralización definitiva del proceso; no hay «plan B», matizó, porque «la Consejería tiene todas las razones. Sí se mostró sorprendido por haber tenido noticia del auto judicial a través de los medios de comunicación y cargó con dureza contra el Partido Socialista: «Es una consecuencia más de la irresponsabilidad del PSM, que utiliza cualquier herramienta para poner palos en la rueda sin aportar ideas sobre cómo sostener la sanidad en tiempos de crisis. A Tomás Gómez cualquier cosa le vale en su irresponsabilidad».

De entre los que celebraron el auto, Tomás Gómez que aseguró sentirse «muy satisfecho» por frenar un concurso «irregular», según sus palabras: «Fuimos a los juzgados, no solamente estuvimos en las movilizaciones sociales, en la marea blanca, en paralelo fuimos a los juzgados y es un paso importante para la paralización del proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad madrileña». Rubalcaba se felicitó en Twitter de la suspensión: « Es una gran noticia para la sanidad madrileña». Tal y como es ya habitual, Izquierda Unida, UPyD y los sindicatos sanitarios coincidieron en el diagnóstico y en su reacción con el PSM. Desde la Asociación de Facultativos, sindicato responsable de la huelga indefinida de los últimos meses, una de sus portavoces, Mónica García, indicó a Europa Press que la paralización es fruto del «frente judicial común abierto por colectivos, sindicatos y formaciones políticas».