La Fiscalía del Supremo investigará las coacciones de Gómez a las clínicas privadas

La Fiscalía del Tribunal Supremo será la que tenga que decidir si considera que hay motivos para iniciar acciones penales contra el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, por la denuncia presentada por la Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, al entender que les coaccionó para que no se presentaran a los concursos de externalización de algunos hospitales de la Comunidad de Madrid.

En un principio, la denuncia se presentó ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la condición de diputado autonómico de Tomás Gómez. Sin embargo, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ha dictado un decreto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que remite la denuncia junto con el resto de la documentación aportada, a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que, además de diputado en la Asamblea, Tomás Gómez es senador, por lo que la competencia para, en su caso, investigar los hechos, sería la Sala Penal del Supremo. Será, por tanto, la Fiscalía que dirige Antonio Narváez –como teniente fiscal del Supremo–, la que deba decidir si hay causas para actuar contra Gómez.

La Fiscalía de Madrid podría haber archivado directamente la denuncia si entendiese que la denuncia carecía de fundamento y que lo procedente era inadmitirla de plano. Sin embargo, lo «normal» es remitirlo al fiscal del tribunal competente para que, con «libertad» de apreciación, decida lo correspondiente, según señalaron a este periódico fuentes jurídicas.

En el decreto del fiscal superior se hace un resumen de la denuncia presentada, en la que se adjuntan unos burofax, todos con idénticos textos, enviados por el líder del PSM a una parte muy significativa de los miembros de la Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, así como de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privados. En esos burofax remitidos en el mes de mayo, Tomás Gómez les «recuerda» que en marzo de 2015 habrá nuevas elecciones autonómicas y que si llegan al poder se procedería a la «completa y exhaustiva revisión de la legalidad e interés público de las privatizaciones resultantes de aquellas iniciativas, y a la resolución de los contratos y reversión de la situación creada» hasta ese momento.

Los denunciantes consideran que esa actuación puede ser constitutiva de un delito de coacciones, ya que pudiera tener como objetivo último «forzar a los potenciales inversores a alejarse de la presentación de ofertas competitivas en dichos concursos públicos», dándose además la circunstancia de que la remisión de los diferentes burofaxes fue previamente comunicada a la opinión pública en rueda de prensa celebrada por el denunciado con presencia de diferentes medios de comunicación.

«Criminalización» del sector

En las declaraciones que ofreció el pasado 27 de junio –tras denunciar las coacciones–, el presidente de la Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Isidro Díaz de Bustamante, aseguró que la actuación del líder de los socialistas madrileños había generado una «grave inseguridad jurídica» a los empresarios del sector, alentando a la «criminalización de la sanidad privada».

Ésta no será la primera ocasión en la que Gómez acuda a los tribunales en el proceso de puesta en marcha de la externalización sanitaria. La pasada primavera el PSM inició una campaña judicial contra las iniciativas puestas en marcha por el titular de Sanidad, Javier Fernández LasquettY, presentando diversos recursos por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Constitucional, el TSJM y hasta la Comisión Europea.