La Fiscalía pide 52 millones de multa a los ex alcaldes de Ciempozuelos

La próxima semana, comienza en la Audiencia Provincial de Madrid una nueva fase del juicio del «caso Ciempozuelos» de corrupción urbanística y la Fiscalía Anticorrupción anunció ayer, en su escrito de calificaciones, que pedirá multas millonarias para siete de los doce imputados. Entre ellos, los dos ex alcaldes socialistas del municipio, Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro, que hace dos años tuvieron que entregar en el juzgado 20 y 23 millones de euros respectivamente para asegurar las responsabilidades pecunarias que se deriven del proceso judicial.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a su vez multas millonarias para siete empresas presuntamente implicadas en este caso. En concreto, en su escrito de calificaciones, Anticorrupción propone 7 años de cárcel y multas por valor de 29 millones para el ex alcalde de Ciempozuelos Pedro Antonio Torrejón y 6,5 años de cárcel y multas por valor de 23 para el también ex alcalde Joaquín Tejeiro. Anticorrupción acusa a los antiguos regidores de tres delitos continuados de blanqueo de dinero, cohecho y falsedad de documento mercantil, según el escrito de calificaciones al que ha tenido acceso Efe.

La Fiscalía pide, por alguno o varios de los tres delitos que se achacan a los ex alcaldes, dos años de prisión y 1,5 millones de multa para Elena Berrio Revuelta; nueves meses de prisión y 820.000 euros de multa para Davinia Torrejón; y ocho meses de prisión y 105.000 euros de multa para María Jesús Trompeta. Para Francisco Javier Marazuela pide seis años de prisión y 8 millones de euros de multa para Manuel Ramón Martín, seis años y 8 millones y para Juan Ángel Muñoz, un año y seis meses y 2,4 millones. Anticorrupción propone igualmente 10.000 euros de multa para Francisco Alfonso Méndez; 19 millones para Jesús Rey, 19 millones para Fidel San Román y 400.000 para Jesús del Olmo.

También pide multas, en los tres primeros casos de 19 millones y de menor cuantía en el resto de los casos, para las empresas Bitango Promociones, Sanedi, Edificaciones Tifan, Schadia Bus, Comernet Green, Urbego, Frangest, Urbanges y Viajes Sanitur. El fiscal pide el decomiso del dinero intervenido en cuentas bancarias y los bienes inmuebles, objetos y efectos intervenidos durante la investigación.

Por último, insta al sobreseimiento parcial provisional de los imputados no recogidos en este escrito, al entender que «no se ha acreditado suficientemente el conocimiento de las actividades descritas como ejecutadas por los acusados». En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal, José Grinda, acusó a Tejeiro –alcalde entre 1991 y 1995– y a Torrejón –de 2003 a 2006– de los delitos de blanqueo de dinero, cohecho y falsedad documental.

El caso salió a la luz hace siete años, cuando presuntamente el 4 de febrero de 2006 Torrejón y Tejeiro abrieron cada uno sendas cuentas cifradas en el banco andorrano Andbanc, donde el primero ingresó 11.500 euros y el segundo, 6.000. La investigación de estos hechos comenzó tras las recepción de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias sobre supuestos cobros de comisiones por los ex regidores por un valor de 40 millones de euros, blanqueados en Andorra.

De las constructoras

En el juicio hay un total de doce personas imputadas y se prolongará hasta el 15 de julio. La Fiscalía considera que Torrejón y Tejeiro querían «ocultar parte del dinero que recibieron durante años de particulares en consideración a sus cargos públicos». En concreto, el fiscal apunta que los ex alcaldes socialistas obtuvieron alrededor de ocho millones de euros de constructoras con intereses urbanísticos en Ciempozuelos como Sanedi, Edificaciones Tifan y Bitango Promociones, desde 1999 hasta 2007.

Las imputaciones están relacionadas con un supuesto pacto de una comisión de 40 millones de euros entre Tejeiro y la inmobiliaria Esprode por la recalificación urbanística de un sector del municipio incluido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente por el consistorio, y con Torrejón como alcalde. A raíz de este caso, el Partido Socialista de Madrid forzó la dimisión de Pedro Torrejón como alcalde de la localidad.