Los colegios se rearman frente al "bullying"

El decreto del Gobierno regional ya permite a los centros valorar la gravedad de las agresiones.

Dos alumnas del Instituto Francisco de Quevedo, centro donde esta semana se produjo una grave agresión a una alumna. Foto: Rubén Mondelo
Dos alumnas del Instituto Francisco de Quevedo, centro donde esta semana se produjo una grave agresión a una alumna. Foto: Rubén Mondelo

El decreto del Gobierno regional ya permite a los centros valorar la gravedad de las agresiones.

La agresión a una menor de 14 años en un instituto de San Blas, víctima de varias compañeras que le rompieron la nariz, y la difusión de dichas imágenes posteriormente en redes sociales, ha puesto de relieve la lacra del «bullying» también en la región. Sin embargo, los colegios tendrán ahora potestad para actuar. En el presente curso 2018/2019 ha entrado en vigor el decreto de Convivencia, aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que otorga a los centros la capacidad de valorar la gravedad de cada caso, que puede ser de tres tipos: muy grave, grave o leve. Los colegios contarán con un plazo máximo de 18 días para que un profesor, designado por el centro, recopile toda la información, se la traslade a los padres y adopte una resolución.

Así, el ataque registrado en San Blas podría ser el primero en entrar dentro de las faltas tipificadas en el decreto como «muy graves»: el acoso físico o moral a los compañeros; las amenazas o los insultos a los profesores; los actos de intimidación o violencia; la grabación y difusión de agresiones y las humillaciones o la discriminación por raza, sexo, religión u opinión. Entre los «castigos» para los infractores se encuentran la realización de tareas, la prohibición de participar en ciertas actividades, la expulsión de determinadas clases o incluso la expulsión temporal o definitiva del colegio.

Las faltas graves hacen referencia al absentismo reiterado sin justificar, la desconsideración con los compañeros y la participación en riñas. Casos por los que el alumno podría ser expulsado del centro por un tiempo máximo de seis días.

Por último, el texto también recoge las faltas consideradas leves, que serán corregidas por los profesores «de forma inmediata»: amonestación verbal, expulsión de clase o de una actividad o la imposición de una tarea que mejore el entorno del colegio.

Como explica a LA RAZÓN Javier Pérez, presidente de la Asociación NACE (No al Acoso Escolar), el tiempo de actuación para detectar los casos «es un factor importantísimo. Los niños tardan mucho en expresarlo. Nosotros tenemos una regla que la llamamos las tres “ces”: cambios, campana y cuerpo. ‘‘Cambios’’ es cuando pasan cosas de golpe que antes no ocurrían. Se ve que el niño está triste, tiene mal humor, empieza a suspender. ‘‘Campanas’’ es cuando empieza a faltar mucho al colegio. Ponen excusas como dolores de tripa o malestar, porque no quieren ir a sufrir. Y la última es el cuerpo, porque éste no engaña. Agacha la mirada, se tapa o se pone la capucha porque quiere pasar desapercibido».

Según los datos del III Informe anual sobre la convivencia y el acoso escolar, el porcentaje de potenciales víctimas que hablan «bastante o mucho» con sus familias sobre el tema ha pasado del 19,93% al 45,18%. Un gran avance, pero lo cierto es que uno de cada cinco alumnos no cuentan nada a sus padres sobre el problema que sufren. Parte del motivo, dice Pérez, está en las «amenazas», pero «la gran mayoría afirma que es porque no quieren dar un disgusto a sus padres. Son buenas personas y no quieren hacerles sufrir. Prefieren tirar adelante con el dolor».