Los imputados irrumpen en la precampaña

Está en boca de todos, en las portadas de los periódicos y en los puestos más altos en la lista de preocupaciones de los españoles. Por eso no es de extrañar que la corrupción en la política haya sido el eje del primer debate entre los candidatos a suceder a Ana Botella en la alcaldía de Madrid. En un encuentro informativo organizado por la Asociación contra la Corrupción, los candidatos de UPyD, David Ortega; PSOE, Antonio Miguel Carmona; Ciudadanos, Begoña Villacís; VOX, Javier Ortega; el pendiente de confirmar por IU o Ahora Madrid, Mauricio Valiente; y los responsables de Estrategia Política del PP, Pércival Manglano, y de Transparencia y Cuentas Claras de Podemos, Miguel Ongil, expusieron sus recetas para evitar los abusos de poder en sus equipos de Gobierno.

Así, entre las distintas medidas contra los corruptos destacaron los «interrogatorios» del PP para desgranar el currículum de los candidatos o la creación de una oficina antifraude para investigar a los concejales y su entorno, como propone el PSOE, investigación que VOX sugiere que realice la Agencia Tributaria para estudiar el posible enriquecimiento ilícito al abandonar un puesto. En Podemos apuestan por que las consecuencias de los actos de corrupción supongan sanciones a los partidos políticos que lleguen, e incluso, a la imposibilidad de concurrir a las elecciones. Al respecto, tanto Ciudadanos como UPyD amplían estas sanciones a la responsabilidad subsidiaria para que las formaciones políticas tengan que devolver el dinero defraudado por un cargo público. Además, IU considera que deben tener un régimen especial de incompatibilidades aquellos cargos que externalicen servicios públicos.

El objetivo de este primer debate era que los candidatos rubricasen un compromiso de cara a su futuro deber como concejales o alcaldes para poner las cosas más difíciles a los corruptos. Dicha declaración de intenciones incluye, entre otras cuestiones, garantizar la transparencia de la contabilidad en la campaña electoral y de las personas que resulten elegidas, así como publicitar adecuadamente los concursos públicos y los de puestos de trabajo, eliminando la posibilidad de contratar asesores sin los adecuados criterios de méritos. La Asociación contra la Corrupción también reclamaba mayor control de los gastos de representación y el compromiso de expulsión de la institución y del partido político de aquellos que mientan en sus declaraciones de bienes o patrimonio o se hayan enriquecido injustificadamente en el ejercicio de sus funciones.

Dimisión automática

Otro de los pactos que proponía y que ha sido rubricado por la mayoría de las formaciones es que no lleven a imputados en las listas electorales y que, aquellos que sean imputados dimitan de sus cargos. UPyD, PSOE, Ciudadanos e IU han suscrito este compromiso mientras que el responsable de Estrategia Política de la campaña del PP ha matizado que los imputados deben serlo por delitos relacionados con la corrupción, y no por delitos como el incidente de tráfico de la candidata popular Esperanza Aguirre, y Ortega, de VOX, que en su partido se cree en la presunción de inocencia y por tanto se considera inhabilitada a una persona cuando está condenada por un tribunal.