Los radares de Carmena facturan más de 8.000 euros a la hora, 71,3 millones al año

El 61% de las infracciones se producen por no respetar el límite de 70 km/h en los túneles de la M-30. El cinemómetro situado entre San Pol de Mar y Puente de los Franceses, el más rentable.

Madrid es la ciudad española donde se imponen más multas, una circunstancia que indudablemente tiene que ver con el elevado parque automovilístico que circula por la capital. No obstante, la proliferación de radares en los últimos años en la M-30, la vía más transitada de España, no han hecho más que llenar las arcas municipales, sobre todo, por el mayor «pecado» de los madrileños al volante: el exceso de velocidad.

Sólo el año pasado, los radares de la Policía Municial de Madrid formularon 598.971 denuncias por exceso de velocidad por un importe de 71.309.100 euros, según un informe de la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), lo que supone que los radares madrileños facturan más de 8.000 euros a la hora.

El dato del último año supone un descenso del 2,7% respecto al número de denuncias formuladas el año anterior, solo que si analizamos los datos de los últimos años, las multas por exceso de velocidad han aumentado un 60,7 por ciento desde 2015.

Según AEA, la mayor parte de las infracciones (el 61,7%) se producen por no respetar el límite de velocidad de 70km/h implantado en los túneles de la M-30. De hecho, el radar más multón se encuentra precisamente en esta vía a la altura del kilómetro 19,06, en sentido norte entre la calle de San Pol de Mar y el Puente de los Franceses. Acumula 96.735 denuncias y hace una caja de 9.900.600 euros. El cinemómetro se ha convertido en el número uno en el podio multón desde que el Ayuntamiento de Madrid decidiera bajar el límite de 90 Km/h a 70. El límite se instaló en 2016 de manera provisional para comprobar el descenso de la contaminación acústica en la zona y la evaluación fue tan positiva por la bajada de decibelios que acabó implantándose de manera permanente a la par que se convertía en el cinemómetro más rentable. Aunque la medida se anunció en los paneles informativos de la vía, parece obvio que la información no ha sido muy efectiva a la vista de los resultados.

El segundo puesto por número de multas es el situado a la altura del número 115 del Paseo de Santa María de la Cabeza, seguido del situado en el Km 4,150 de la M-30 y el del Paseo de la Castellana a la altura del número 300.

El informe de AEA especifica que en cinco calles de Madrid se ha circulado al doble de la velocidad permitida alcanzado los 100 km/h. Las calles son: Paseo de la Castellana, 300 (a la altura de La Paz); Paseo de Santa María de la Cabeza 115; Príncipe de Vergara, 142; Gran Vía de Villaverde y O´Donnell.

A pesar del elevado número de sanciones que se tramitan por exceso de velocidad, la inmensa mayoría (91% de los casos) se trata de excesos mínimos de velocidad de apenas un 10 por ciento sobre el límite establecido, que son sancionados con una multa de cien euros.

La que es una verdadera máquina de multar es la M-30, que acumula el mayor número de infracciones de velocidad y acumulan el 65% de todas las que se imponen en Madrid.

Acogerse al margen de error de un radar para recurrir una multa es cada vez más complicado, entre otras cosas por la tecnología cada vez más avanzada que se emplea en este ámbito. Precisamente los instalados en la M-30 son de última generación, por lo que la medición de la velocidad que hacen es prácticamente la que figura en la multa que recibe el conductor. No obstante, el Tribunal Supremo ha establecido esta semana que los radares móviles de tráfico que realizan la medición de la velocidad desde una ubicación en trípodes o en coches parados, como los que se ponen en la A-5, a la altura de los cuarteles de Campamento, donde el límite es de 70 km/h tienen un margen de error del 5 % y no del 7 %, por lo que atribuye a este tipo de dispositivos el mismo porcentaje que a los fijos.

Con este criterio, el tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un conductor, que fue grabado por un radar cuando conducía a 214 km/h por la AP-68 (sentido Zaragoza) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que le impuso el pago de una multa de 1.080 euros y la prohibición de conducir durante un año y un día por un delito contra la seguridad vial.

Automovilistas Europeos cree que la política sancionadora que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid para reducir los excesos de velocidad desde que Manuela Carmena tomó las riendas municipales no ha repercutido favorablemente en la reducción de accidentes y víctimas de tráfico de la capital ya que, mientras las denuncias han aumentado un 60,7% (372.535 denuncias en 2015 frente a las 598.971 de 2017), los accidentes se han incrementado un 6,4% (11.723 en 2015, frente a 12.477 en 2017) y las víctimas un 5,5% (12.407 en 2015 frente a 13.100 de 2017). Es por estos datos por lo que el presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que «el Gobierno de Carmena debe replantearse su política sancionadora, ya que los radares de la capital no están cumpliendo con una finalidad correctora de las conductas infractoras, ni consiguen reducir las cifras de siniestralidad». Así, el Ayuntamiento «lo único que está consiguiendo bajo la bandera de la seguridad vial es convertir las multas de velocidad en un claro instrumento de recaudación».