Madrid: más de 800 pisos turísticos inspeccionados en dos meses

El Ayuntamiento estudia varios cambios respecto al plan "anti Airbnb"de Carmena: retirar el requisito del acceso independiente y que 3/5 partes de la comunidad de vecinos dé el visto bueno a este tipo de viviendas.

El Ayuntamiento de Madrid ya prepara la modificación del Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje, esto es, el plan "anti Airbnb"de Manuela Carmena, que supone que un 90% de los pisos turísticos ofertados en Madrid sean ilegales. El Delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha recordado esta mañana que ese plan de Carmena cuenta con 11 recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de los cuales dos solicitan la suspensión cautelar del mismo. Y esto se va a dirimir el próximo 11 de septiembre. "Tiene una losa importante a nivel judicial. Lo primero, es retomar el contacto con al Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Hemos solicitado una reunión con Marta Rivera para tratar este tema, porque para la ciudad de Madrid es inaplazable. También hablar con las plataformas de alquiler. Queremos acordar con esas plataformas que todas las viviendas con orden de cese queden fuera de la oferta turística», afirmó Fuentes.

Desde el 15 de junio se han realizado 862 visitas de inspección. Desde septiembre se han abierto 800 órdenes de cese, sobre las cuales los titulares han presentado más de 450 recursos. A día de hoy permanecen abiertos 325. «La realidad es que no existe base jurídica conforme al plan especial. Y tampoco se ha podido otorgar ninguna licencia, porque el Plan Especial de Manuela Carmena no regularizaba, sino que prohibía directamente esa actividad. Ninguna vivienda cumple con el requisito fundamental: tener un acceso independiente respecto al resto del edificio", prosiguió Fuentes. Esa nula base jurídica ha provocado, tal como adelantó LA RAZÓN, que ninguna vivienda haya sido cerrada

Así, el Consistorio va a llevar a cabo una normativa "realista"después del fallo del tribunal, ya que ninguna vivienda es en la actualidad "legalizable". "Eso hace que la labor de inspección sea más difícil. El trabajo del Ayuntamiento es de investigación, porque no existe ninguna base de datos que permita saber si estas viviendas cumplen en materia de legalidad seguridad, salubridad, etc.".

El nuevo plan mantendría el uso terciario de las viviendas, esto es, un uso comercial, ya que generan beneficios para los propietarios que las ponen en alquiler. Pero también incluirá otros aspectos, como el hecho de que tres quintas partes de la comunidad de vecinos den el visto bueno al alquiler, tal como establece la Ley de Propiedad Horizontal aprobada por el Gobierno. "Ese aspecto lo que queremos incluir desde el minuto uno". En cuanto al requisito del acceso independiente, Fuentes considera que eso implica "prohibir de facto todas las viviendas". De ahí que se vaya a "estudiar"su modificación en los próximos días