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Madrid suspende la concesión de licencias a casas de juego

Díaz Ayuso afirma que la decisión tiene que ver con el aumento de ludopatías que afectan a menores

Díaz Ayuso afirma que la decisión tiene que ver con el aumento de ludopatías que afectan a menores

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Madrid pone coto a los locales de juego y casas de apuestas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que suspenderá de forma temporal la concesión de licencias a estos establecimientos hasta la aprobación del nuevo decreto de planificación de la actividad sobre el que ya se está trabajando.

Díaz Ayuso justificó la medida con el argumento de que el Gobierno madrileño «es liberal, está a favor de la libre competencia, pero de lo que se trata es de conjugar esta actividad reglada, que crea muchos puestos de trabajo, con una planificación equilibrada». La presidenta madrileña afirmó que la decisión también tiene que ver con los problemas de salud pública que se están generando y que está afectando a población vulnerable, especialmente a menores». De hecho, puntualizó que «hay un problema con la ludopatía cada vez más importante que se produce a través de la proliferación de las casas de apuestas». Además de esta circunstancia de salud pública, «lo que pretendemos es que la disposición de las casas de apuestas sea un poco más equilibrada porque se está cebando en zonas especiales». Es por todo esto por lo que estimó que «es bueno que, de manera temporal, se suspendan estas concesiones de licencias, lo que no significa prohibirlas ni pararlas, pero sí estudiar su proliferación», dijo en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Según los datos con los que cuenta la Comunidad de Madrid, en la actualidad hay 678 puntos de apuestas en la región, de los que 171 son locales específicos de apuestas. Desde 2014, cuando había 76 casas de apuestas registradas, este tipo de establecimientos ha aumentado un 125%. A 30 de septiembre de este año, estos puntos se repartían en cuatro casinos, 33 bingos y 470 salones de juego, además de las citadas 171 casas de apuestas.

Según la Consejería de Justicia, «estos datos, unidos a la defensa del interés general, la protección de los derechos de los usuarios y consumidores y a las demandas de distintos colectivos y asociaciones, han llevado al Ejecutivo a tomar la decisión, en consonancia con otras medidas emprendidas para combatir la ludopatía y la adicción a las nuevas tecnologías, especialmente entre menores, jóvenes y personas vulnerables».

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El Gobierno regional ha dado ya también los primeros pasos para poner en marcha un centro de prevención e investigación sobre ludopatía y nuevas adicciones en adolescentes y niños. Además tiene previsto impulsar la formación en los centros educativos dirigida a alumnos, docentes y familias para combatir estas adicciones.

La Comunidad ya aprobó en mayo de este año un decreto que regula los locales de juego y casas de apuestas que establece un control de acceso físico para evitar que entren menores. De hecho prevé sanciones más duras, de hasta 9.000 euros por menor detectado y suspensión de actividad por cinco años y el refuerzo de las inspecciones con la ampliación del cuerpo de inspectores de juego. El decreto también preveía que el 0,7% de los impuestos recaudados por el juego se destinen a la prevención y el tratamiento de la ludopatía. Ahora, la Comunidad tiene entre manos un proyecto de modificación de la Ley del Juego con la elaboración de una nueva normativa que endurecerá el régimen sancionador si se detecta a un menor en un local de apuestas. También se prevé que esta actividad no se pueda vincular a personas famosas.

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¿Qué papel juega el Ayuntamiento de la capital al respecto? Desde el Área de Desarrollo Urbano señalan que el Ayuntamiento de Madrid no puede replicar la normativa recientemente aprobada por el Consistorio de Ada Colau en Barcelona, que ha restringido por espacio de un año la concesión de licencias de casas de apuestas. La diferencia es que, en este caso, es la Comunidad de Madrid quien regula las actividades del juego y quien dicta las distancias mínimas respecto a los centros educativos. En el caso del decreto aprobado en mayo por el Ejecutivo regional, esa distancia se fijaba en un mínimo de 100 metros. Así, el Gobierno municipal se ha propuesto afrontar este problema desde «la prevención y las políticas activas en materia de asesoramiento y educación».

Por su parte, Cejuego, la patronal del juego privado en España, ha valorado de forma «positiva» la suspensión temporal. En su opinión, se trata de una decisión «prudente y acertada», ya que dará pie al desarrollo de una norma del sector «consensuada y sin presiones». Desde Cejuego se posicionan a favor de regular la distancia entre los salones y los colegios, «siempre y cuando haya seguridad jurídica para los establecimientos ya abiertos».

Una opinión opuesta a la de la Plataforma Contra las Casas de Apuestas. Desde su Coordinadora de Madrid consideran que la decisión de Díaz Ayuso «llega tarde». «La propia patronal del juego ya ha hablado de “saturación”, dando a entender que la iniciativa salía en un primer momento de ellos», añadieron. Además, les «llama la atención que la decisión se haya tomado el mismo día que celebrábamos la IV Asamblea contra las casas de apuestas de Madrid, así como después de un largo recorrido de lucha por parte de vecinos, sindicatos y movimientos políticos y sociales».

Del mismo modo, se reafirman «en el objetivo de acabar con las casas de apuestas de todo Madrid hasta que no quede ni una sola en pie. Ninguna regulación se acerca a nuestras intenciones, regulaciones en las cuales incluimos esta decisión» del Gobierno regional.

En la Comunidad de Madrid, un 5,8% de los estudiantes de Secundaria jugaron dinero on line y un 13,7% hicieron apuestas presenciales, una forma de ocio que viene acompañado, en algunos casos, del consumo de alcohol, tabaco y sustancias ilegales. La directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia, Carmen Fernández de la Cigoña, asegura que «las nuevas adicciones, las que llamamos sin sustancia, como el juego, son una realidad preocupante. La vulnerabilidad del menor, la facilidad con la que se genera la adicción, los efectos que tiene en el desarrollo de la personalidad del menor y los efectos en la propia familia, son realidades que hace falta abordar y dar algún tipo de solución». En su opinión, «la perversidad de quienes se valen de esta vulnerabilidad y pretenden obtener beneficio fomentando esta adicción abriendo sus negocios en la proximidad de colegios e institutos es algo intolerable y que debe ser perseguido con todo el peso de la ley. Los que sufren adicciones necesitan ser ayudados, no tentados».