Reconoce las obras ilegales y los pisos

Tras las informaciones publicadas en los últimos días por el diaro LA RAZÓN en las que se informaba de que Pedro del Cura disfrutaba de un ático ilegal de más de 200 m2 de protección que presentaba diferentes irregularidades, y que además varios miembros de su familia también disponen de este tipo de pisos en la localidad, el aludido hizo público ayer un comunicado en el que reconoce los hechos descritos.

Sin embargo, y con una redacción populista, trata de explicar como legales y sujetas a derecho hechos que no lo son. Así, por ejemplo, y aunque la ley determina que una misma unidad familiar no puede disponer de más de una casa de protección, asegura que su madre sí tenía derecho a la misma pese a estar casada con una persona que ya tenía una casa de estas características. Del Cura asegura que «mi abuela donó a su hijo» dicha vivienda y «por lo tanto no forma parte de la sociedad de gananciales» con la madre.

Sin embargo, un decreto de la Comunidad de Madrid de 30 de julio de 2009 establece que la prohibición de disponer de más de una casa es general, y no sujeta a otras condiciones.

Por lo tanto, María Antonia Sánchez Jara, que así se llama la progenitora del concejal, no debería haber podido comprar el ático colindante al que, ocho años antes, su hijo había tenido acceso, ambos con calificación de protegidos.

Pero lo cierto es que lo compraron y Sánchez Jara nunca vivió en él. Lo que sí que hicieron fue una obra para unir los dos dúplex, situados en el número 14 de la calle José Luis Sampedro de Rivas, creando así una vivienda con más de 200 metros cuadrados de extensión.

Del Cura decidió entonces quedarse con la parte inferior del piso que ya llevaba años disfrutando y las dos partes superiores. La parte restante quedó como un apartamento separado para ser alquilado.

En su comunicado de ayer, Del Cura reconoce las obras y asegura que en el piso se hicieron «adaptaciones entre las que se encontraba un acceso entre las dos viviendas, que son áticos como todas las que están en la tercera planta de

los cuatro bloques de vivienda que componen nuestra urbanización».

Por lo tanto, asegura que «si los trámites que se hicieron para dicha adaptación no han sido los correctos, y si la Comunidad de Madrid detecta alguna infracción administrativa, se asumirán las sanciones y modificaciones que correspondan».

Sin embargo, no dice nada del hecho de tener alquilada una vivienda de protección oficial, algo que también está sancionado por la legislación vigente. Del Cura se limita a señalar que «las viviendas están separadas».

En el comunicado, el concejal se presenta como víctima de una persecución y asegura que el origen de la polémica está en «el alcalde y cuatro concejales» que se niegan a seguir a las bases de IU Rivas. A continuación, acusa al alcalde, José Masa, de estar alineado con el PP.