Infraestructuras

Segundo aviso a Parla para que devuelva los coches Bescam

Salvador Victoria, durante una comparecencia ante los medios en la sede del Gobierno regional
Salvador Victoria, durante una comparecencia ante los medios en la sede del Gobierno regionallarazon

Lejos de solucionarse, el conflicto por las Bescam entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Parla se enquista un poco más. El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, anunció ayer el envío de un segundo requerimiento notarial al alcalde esta localidad del sur de la región, José María Fraile, para que devuelva los cuatro coches de las Brigadas Especiales de la Comunidad (Bescam) que le reclama tras finalizar el convenio «por los incumplimientos de los últimos años». Si tras esta segunda advertencia, el alcalde se mantiene en sus trece de no devolver los vehículos, Victoria aseguró que la Comunidad pondrá el caso en manos de la Justicia, «tanto en la vía contencioso administrativa como en la vía penal». Parla es, junto a Arroyomolinos y Paracuellos, una de las tres localidades con las que la Comunidad ha suspendido el acuerdo Bescam. El municipio gobernado por Fraile incumplió las obligaciones contraídas en el convenio al no cubrir ni las vacantes ni las ofertas de empleo necesarias para cumplir con la ratio de seguridad. «Es una cuestión de responsabilidad de la Comunidad por el dinero público. Se exige por parte de los ayuntamientos una contraprestación de ratios de seguridad y de policías, y sea cual sea el partido que gobierne, se exigirá cumplimiento y que se devuelvan los medios materiales», insistió Victoria.

Precisamente ayer, el Ejecutivo regional aprobó el presupuesto destinado a sufragar a los agentes Bescam en 2014. La inversión será de 68 millones de euros, con los que se reforzará la seguridad en los 108 municipios que mantienen el convenio –el 97% del total– y que permitirá sufragar a 2.059 agentes locales. Estos consistorios deben probar que estos agentes realizan únicamente labores de prevención de delitos y para mantener la ratio de policía local por habitante que tenían en el momento de suscribir el convenio.