Veredicto para el tranvía de Parla

El anteproyecto del informe del Tribunal de Cuentas sobre esta infraestructura constata que hubo irregularidades en su puesta en marcha

El Tribunal de Cuentas ya ha remitido al Ayuntamiento de Parla el informe de fiscalización provisional sobre la adjudicación y la construcción del tranvía en esta ciudad. Un documento de más de 100 páginas que, como adelantó ayer la Cadena Ser, pone en entredicho el proceso de puesta en marcha de un medio de transporte que terminó generando una importante deuda a las arcas municipales. Las conclusiones del documento, a las que ha tenido acceso este diario, ponen el acento en 21 puntos en los que se señalan irregularidades, omisiones y modificaciones del proyecto inicial que terminaron suponiendo sobrecostes.

Las conclusiones subrayan en primer lugar que el consistorio decidió la implantación del tranvía como solución de movilidad interna de la ciudad sin que conste la existencia de estudios previos en los que se analizara éste frente a otros medios alternativos, lo que, según el tribunal, evidencia «una insuficiente planificación». Sí se procedió, por parte del Ayuntamiento, a contratar dos estudios de viabilidad –uno en el terreno funcional y económico y otro sobre el trazado– por valor de 25.000 euros cada uno aunque su fraccionamiento podría no haberse ajustado a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Tampoco se valoró el posible coste para la Administración ni la rentabilidad del negocio», así como «la situación del Ayuntamiento de Parla, especialmente lo que concierne a los criterios de equilibrio presupuestario y de estabilidad y sostenibilidad».

El informe también apunta en sus conclusiones que el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares «adolecía de ciertas carencias e indefiniciones» y que disponía que el objeto del contrato era susceptible de ser ampliado para la presentación de mejoras aunque no se precisaba el límite de estos cambios. Asimismo, este pliego no concretaba el precio o contraprestación «que debía abonar la Administración para la ejecución de las obras». Otro de los puntos controvertidos, a juicio del tribunal, que incluyó el pliego de criterios administrativos es que el contratista no asumía ningún riesgo ya que el sistema de retribuciones para los primeros cincos años estaba fijado en los kilómetros que recorriera cada tren sin tener en cuenta el número de viajeros. Paralelamente, los informes técnicos de la valoración de las ofertas fueron, afirma el documento, «parcos en las valoraciones», lo que impidió una mayor delimitación de los sobrecostes.

La principal polémica del tranvía afecta a su sobre coste. En esta materia, el documento asegura que el incremento en el precio de las obras fue de más de 36 millones de euros sobre los 93 millones presupuestados y que ello fue aprobado por la Junta de Gobierno local. Este desafase no se debió a «necesidades o causas imprevistas» sino a modificaciones como el proyecto de agua reciclada en la traza del tranvía o instalación de mobiliario urbano y elementos ornamentales que no se «encontraban previstos en el proyecto inicial». Sobre estos cambios no se emitieron informes o se realizaron «cuando las obras ya estaban en ejecución» y que debieron, en contra de lo ocurrido, haber contado con el visto bueno del Consorcio Regional. Tal y como denunció el PP en repetidas ocasiones, la adjudicataria recibió 42 millones de euros del consorcio Parla Este sin que esos pagos se registaran en la contabilidad municipal.

En cuanto a su puesta en marcha, el informe provisional asegura que el Consorcio Regional de Transportes no adoptó acuerdo alguno de aprobación «por entender que no le correspondía al deber ser el Ayuntamiento el que lo hiciera como titular de las infraestructuras». Las conclusiones también señalan que la obra se ejecutó con retraso, que la puesta en servicio se autorizó sin constancia de que se hubieran subsanado defectos y que hubo una inadecuada planificación en la tramitación del contrato de asistencia técnica. Respecto a la fase II, el Consorcio Regional sí dio su visto bueno en el terreno técnico pero manifestó su «absoluta disconformidad» respecto al presupuesto.

Tomás Gómez, alcalde de Parla en el momento de ponerse en marcha el tranvía, aseguró ayer a este diario que el informe, además de no incluir «el más mínimo indicio de delito», pone de manifiesto que «el órgano de contratación fue el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, a quien le correspondía por ley la ejecución y seguimiento del contrato» y que para «esas funciones el Consorcio contrató una asistencia técnica específica que vigiló todo el proyecto y sus modificaciones». Gómez destaca también que «el Ayuntamiento pagaba todas las obras y el Consorcio las adjudicaba». Lo que señala el documento, asegura el ex alcalde, es la existencia de algunas «disfunciones administrativas» lógicas y que «el incremento de costes fue debidO a necesidades nuevas surgidas tras la aprobación del proyecto» inicial. «El borrador confirma –según Tomás Gómez– que es una infraestructura utilizada» y que ha visto disminuir su volumen de viajeros con la crisis.

El alcalde quiere declarar lesiva la deuda

El alcalde de Parla, Luis Martínez Hervás, aseguró ayer que este informe demuestra que el PP «tenía razón». «Se han cometido irregularidades desde el principio hasta el final, se empezó a inflar la factura y los sobrecostes son cuestionables». Ahora, el consistorio deberá presentar sus alegaciones al. Martínez Hervás no descarta declarar lesiva la deuda y estudiar todas las irregularidades cometidas por si fuera necesarias elevarlas al fiscal.

Las sombras del tranvía

- ANÁLISIS PREVIO

El informe del Tribunal de Cuentas echa en falta que se realizaran estudios previos que determinasen las ventajas del tranvía sobre otros medios de transporte. Además, apunta a que el consistorio no tuvo en cuenta su situación financiera ni los criterios de estabilidad presupuestaria.

- EL CONSORCIO

También se apunta a que las obras en su primera fase fueron aprobadas sin el visto bueno del Consorcio Regional de Transportes. La segunda fase sí recibió el «ok» técnico pero no el presupuestario. Sin embargo, en lo que afecta a la primera fase, el BOE sí publicó en octubre de 2005 la resolución del Consorcio en la que se anunció la adjudicación del contrato de concesión para la línea 1 del tranvía.

- SOBRECOSTE

El proyecto fue presupuestado en 93 millones. Se aprobaron obras no previstas que elevaron la factura final hasta los 129 millones.