Vomitorio mortal: se abre la sesión

El juicio del «caso Madrid Arena» arranca el martes con 15 imputados y 14.800 folios por analizar.

Aunque el juicio sobre el «caso Nóos» acaparará la mayor parte de la atención mediática por contar con imputados de tanta relevancia, el macrojuicio que comienza un día después en la Audiencia Provincial de Madrid no es de menor calado. En realidad, aunque la espectación sobre «Nóos» lo eclipse, los hechos que se juzgan son mucho más graves: la muerte de cinco jóvenes de entre 17 y 20 años en el pabellón municipal Madrid Arena la madrugada del 1 de noviembre de 2012. La espera ha sido larga, especialmente para las familias de las víctimas y también para los 15 imputados que finalmente se sentarán en el banquillo de los acusados desde el próximo martes en la sección séptima de la Audiencia de Madrid. Las sesiones orales serán martes, miércoles y jueves hasta la última semana de mayo, cuando el caso quedará visto para sentencia.

Las penas que solicita la Fiscalía oscilan entre los cuatro años de prisión para el principal imputado y responsable del fatídico evento, Miguel Ángel Flores; tres años para once acusados y dos años y medio para los doctores Viñals. El Ministerio Público, en contra de lo que finalmente dictó en su auto de procesamiento el instructor responsable de la causa, Eduardo López Palop, no pide la imputación del que entonces era el jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, quien finalmente sí deberá sentarse en el banquillo de los acusados. La instrucción ha sido muy complicada dado el elevado número de testigos, peritos y pruebas, que han dado lugar a un incesante goteo de recursos por parte de los abogados de las partes. Finalmente se encuentran personadas siete acusaciones particulares y dos acusaciones populares (el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y el sindicato de funcionarios Manos Limpias). Las indemnizaciones que reclama el fiscal van desde los 243.587 euros a una de las familias hasta los 259 euros para una de las lesionadas.

Cifras aparte, no se esperan a priori grandes sorpresas en el macrojuicio, ni en las líneas de defensa ni en las acusaciones o las pruebas aportadas a la causa.

Aunque parezca una obviedad, es importante recordar que lo que se juzgará es la responsabilidad de cada imputado en la muerte de las cinco chicas y no otras imprudencias o dejación de funciones que no puedan relacionarse con la muerte. Esto es que, a pesar de la avaricia de un empresario, la «confianza» de unos responsables públicos en tal evento, la mala praxis de unos médicos o que los encargados de garantizar la seguridad en el recinto hubieran cometido alguna irregularidad, el tribunal sólo podrá condenarlos si queda demostrado que aquel acto tiene relación con el fallecimiento de las chicas.

El principal acusado es Miguel Ángel Flores, conocido empresario nocturno y dueño de Diviertt (FSM Group), que organizó aquella noche la Thriller Music Park. La principal dificultad de su defensa será desmontar dos realidades: que duplicó en entradas el aforo máximo permitido (y finalmente entraron unas 23.000 personas, cuando el aforo era de 10.600) y que permitió la entrada en masa de unos 2.000 asistentes por el portón de carga, que accedieron directamente a la pista por la entrada F-14 (situada en la cota cero del pabellón municipal) cuando el Dj Steve Aoki comenzó a pinchar. Esto provocó una saturación en la pista y muchos trataron, agobiados, de salir. El tristemente conocido ya como «vomitorio mortal» se convirtió en una ratonera entre aquellos que querían salir del agobio y otros que bajaban desde las plantas superiores por una escalera y que querían acceder a la pista para ver a Aoki. Dos masas de gente en sentidos opuestos y en un espacio de apenas cinco metros hicieron del vomitorio una trampa mortal para Katia, Cristina, Belén, María Teresa y Rocío.

No se juzgará, por tanto, por qué Madridec seguía contratando con un empresario que tenía deudas pendientes de pago con el Ayuntamiento, por qué se permitió el botellón en el exterior ni por qué había sólo dos médicos con escasos medios en el interior, ya que no tiene relación directa con las muertes. Sí se juzgará, sin embargo, a los doctores Viñals sobre el grado de responsabilidad en la muerte de tres de las chicas al no haberlas atendido correctamente, según explicarán profesionales del Samur en sede judicial.

También tendrán algo que explicar los responsables de la seguridad del evento. Seis empleados de Seguriber y cinco de Kontrol, 34 deberán explicar por qué no se solicitaba DNI a la entrada, cómo controlaban el aforo y cómo validaban las famosas entradas. Queda mucho por aclarar, aunque las respuestas tendrán que esperar cinco meses.