Condenan a 31 años de cárcel a un profesor por abusar de ocho alumnos

Los menores tenían entre doce y trece años, y además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial de Murcia le impone la inhabilitación para ejercer como docente y libertad vigilada

La Audiencia Provincial de Murcia, en una resolución notificada ayer, condenó a un profesor como autor de ocho delitos de abusos continuados a penas de prisión que suman un total de 31 años, al concurrir la circunstancia de prevalimiento por superioridad.

Al parecer, según el auto, los hechos se habrían producido en un colegio situado en Murcia, siendo las víctimas alumnos de Primero y Segundo de la ESO del acusado. En algunos de los casos, el profesor daba clases particulares voluntarias en una academia montada en su domicilio.

La resolución declara probado que el acusado mantenía una relación «muy cercana» a los menores, cuya confianza se fue ganando hasta el punto de que «le tenían aprecio, y algunos lo consideraban como un amigo, llegando incluso a comunicarse por redes sociales».

Así mismo, también se apunta que algunos de los alumnos eran amigos del hijo del arrestado, ya que tenían la misma edad, «y visitaban con frecuencia su casa, se bañaban en la piscina comunitaria y se quedaban a dormir», según la sentencia.

En ese ambiente de confianza, aprovechando en unas ocasiones su condición de tutor y en otras la de profesor, mantuvo con los menores «relaciones de carácter sexual», que según detalla la sentencia, «iban desde tocamiento en los órganos genitales a, en algún caso, practicarle una felación».

También se recoge que se ofrecía a darle a las víctimas las preguntas de sus exámenes si colaboraban y le enseñaban sus órganos genitales.

La vista oral se celebró a puerta cerrada, en atención, fundamentalmente, al interés de las numerosas víctimas, de entre doce y trece años, «para proteger su intimidad y la de sus familias, y para evitarles perjuicios, dada la naturaleza sexual de todos los delitos enjuiciados».

Como penas accesorias, el tribunal le impuso la inhabilitación especial para el ejercicio de la docencia, una indemnización total de 70.700 euros y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a cada una de las ocho víctimas, ya sea en sus domicilios, su lugar de trabajo o estudio, ni comunicarse con ellas por ninguna vía telefónica o informática.

La resolución no es firme, y contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.