El PP denuncia que Pedro Sánchez incluya en su equipo a José Vélez

El alcalde Calasparra aprobó un acuerdo que fue anulado por el Tribunal y obliga a él y al equipo de Gobierno a devolver 180.000 euros percibidos ilegalmente

La nueva Ejecutiva socialista de Pedro Sánchez comienza salpicada de irregularidades. Después de que el líder del PSOE colocara a uno de sus fieles defensores en Murcia, el alcalde de Calasparra José Vélez, al frente de la nueva Secretaría de pequeños municipios, el primer edil deberá dar explicaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por incumplir una sentencia que le acusa de vulnerar los derechos fundamentales al asignar los sueldos de sus concejales y el suyo propio a través de un Pleno impugnado.

Según denunció el Grupo Municipal Popular en Calasparra, el 1 de julio de 2015 la Corporación local celebró un Pleno en el que debían fijarse las retribuciones, asignaciones y liberaciones del Consistorio, incluyendo en el punto sexto de la orden del día la «Dedicación exclusiva y asignación económica a los grupos políticos». No obstante, dicho apartado fue excluido el día previo sin informar al Grupo Popular de su contenido.

Los concejales del PP, en protesta, abandonaron el Pleno e interpusieron una demanda por la «vulneración de sus derechos», tal y como reconoce la sentencia 446/2016, en la que se apunta a la privación de la obtención de la información «necesaria para el ejercicio de sus funciones públicas atribuidas a los concejales, como representantes democráticamente elegidos por los vecinos del municipio».

Según el auto judicial, las cifras de los sueldos aprobados tanto para el PSOE como para los socios de Gobierno (Izquierda Unida), ascendía a los 180.000 euros, cifra que también se asignó a los miembros de la Junta de Gobierno como Ciudadanos y Calasparra Viva, y no así a los ediles del PP que renunciaron al cobro de dicho salario. Actualmente, según los populares, todos los grupos que las cobraron las han devuelto, a excepción del PSOE e Izquierda Unida.

De esta forma, con fecha de 31 de mayo de 2016, se condenó a Vélez por vulnerar los derechos fundamentales recogidos en el artículo 23 de la Constitución Española, y que lleva consigo la «nulidad de pleno derecho» del Acuerdo alcanzado en el Pleno del año anterior.

Carácter retroactivo

A pesar de ello, en fecha de 16 de junio de 2016, el Ayuntamiento convocó otra sesión plenaria en la que se sometió a votación, según los populares, «un nuevo acuerdo idéntico al adoptado en 2015, al que pretendían dotarlo de carácter retroactivo».

De la misma manera, fue recurrido por el PP municipal dado que, según apuntaron, «se trataba de una maniobra para no cumplir la sentencia, y además violentaba el derecho al carecer los actos administrativos de retroactividad, salvo algunas excepciones».

Finalmente, el pasado mes de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Murcia dio la razón a los populares, lo que provocó que el Ayuntamiento presentara un recurso de apelación cuya vista se celebrará el próximo martes.