López Miras exige a la oposición lealtad institucional ante «inutilidad del PSOE»

La sesión de control al presidente, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional se presentó ayer candente al ser la primera de las sesiones parlamentarias tras volver de vacaciones. Los cien días de Gobierno de Pedro Sánchez, la paralización del AVE o la incertidumbre del trasvase Tajo-Segura fueron los principales temas que hicieron que el jefe del Consejo de Gobierno sacara pecho y exigiese a los grupos de PSOE y Podemos lealtad por encima de todo a los intereses de los murcianos ante la «inutilidad política y la sumisión de despropósitos del Gobierno de España».

Así lo dijo al ser preguntado por el portavoz del PSRM-PSOE, Joaquín López Pagán, sobre su valoración por los cien días de Pedro Sánchez en Gobierno y las medidas adoptadas ante los conflictos vecinales por las infraestructuras. López Miras acusó al socialista de «defender lo indefendible», le recordó que su formación a nivel nacional había pactado con «etarras, golpistas, separatistas», y le trasladó la sensación de frustración con la que había regresado a Murcia tras su reunión con Sánchez en La Moncloa.

«Le conté la discriminación que vive la Región en materia de financiación, le puse sobre la mesa el documento del Pacto Regional del Agua firmado por casi todos los grupos políticos del parlamento, y le expliqué los 2.000 millones comprometidos en infraestructuras por el Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente no está al tanto de nada».

López Miras también se mostró intransigente ante la postura del líder de Podemos, Óscar Urralburu, a quien acusó de «mentir» después de que el podemita asegurara que desde que está en la Presidencia regional «los murcianos reciben 256 euros menos al mes».

Así, el presidente instó a Urralburu a plantear al Gobierno de Sánchez una reforma del sistema de financiación para que los murcianos no reciben 1.300 millones de euros menos al año que el resto de españoles. No obstante, incidió en que el Gobierno regional «no va a hacer que lo paguen los murcianos, ni subiendo los impuestos ni con servicios públicos de peor calidad».

La gestión de la desaladoras de Escombreras fue el tema que sacó a colación el líder de Ciudadanos (Cs), Miguel Sánchez, preguntando «qué medida optará para frenar la sangría económica de los contratos de la construcción y gestión» de la planta. Según el líder de la formación naranja, la infraestructura ha dejado un agujero en las arcas públicas de 600 millones de euros.

La respuesta del presidente se basó en explicar que las Consejerías de Hacienda y Medio Ambiente buscan fórmulas jurídicas y económicas para renegociar las condiciones del contrato y garantizar los 20 hectómetros cúbicos que la desaladora produce para los regantes. «Cambie de estrategia y no se dedique a buscar basura para sacar rédito político».