Murcia
Los agricultores piden que no se criminalice al sector en la protección del Mar Menor
La Unión de Pequeños Agricultores reclama que el Decreto Ley de Protección se desarrolle «con» el sector, ya que muchas medidas afectan a sus actuaciones
La Unión de Pequeños Agricultores reclama que el Decreto Ley de Protección se desarrolle «con» el sector, ya que muchas medidas afectan a sus actuaciones
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) exigió ayer en la reunión convocada por el Gobierno regional para la elaboración del Decreto-Ley de Protección Integral del Mar Menor, que el sector agrario no sea nuevamente «vapuleado y criminalizado» por los responsables políticos o los movimientos vecinales en la protección de la laguna salada.
Reiteraron así su convencimiento de que van a ser actores «imprescindibles» para que puedan materializarse algunas de las actuaciones definidas ya como estratégicas para eliminar o minimizar el impacto de las actividades humanas sobre el estado ecológico del Mar Menor.
Precisamente por ello, el conjunto de actuaciones debe ser planteado para ejecutarse «con» los agricultores y no «contra» ellos.
Para UPA, ahora se están poniendo en marcha medidas de urgencia ya definidas desde la aprobación del anterior Plan de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura en el año 2009, pero que a día de hoy están aún sin ejecutar en su práctica totalidad. «Este es un factor que se debe tener en cuenta para entender la situación actual de la laguna».
Por este motivo, incidieron en que la Unión de Agricultores no contribuirá a que sea el sector agrario «el que otra vez tenga que poner una mejilla y también la otra para ‘lavar la cara’ de las Administraciones que, durante muchos años, han sido las responsables de la parálisis en las actuaciones que permitirían la compatibilidad del ejercicio de las actividades y el estado medioambiental del Mar Menor».
Entre las medidas aportadas para el Decreto Ley, UPA apunta al control de los regadíos ilegales, a la sostenibilidad de los cultivos, a la eliminación de superficies de regadío (legales), y la conservación de la agricultura ecológica.
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