Emergencias 112 cuenta con varias denuncias por riesgos laborales

Podría llegarse al paroxismo de que los empleados del 112 tuvieran que llamar al propio servicio que prestan para dar una alerta en su sede. El ambiente entre los trabajadores y la dirección del servicio de Emergencias 112 es tenso. El comité de empresa ha interpuesto varias denuncias por no haberse realizado el simulacro de evacuación en la sede de la entidad en la Cartuja, con el consiguiente riesgo para la integridad de los empleados que supone.

El pasado 17 de noviembre, de hecho, los bomberos recomendaron el desalojo del sótano del Pabellón de Italia, donde se ubica la sede en la capital. Sin embargo, se hizo caso omiso a esta alerta, mientras que los trabajadores no sabían qué hacer, informaron a LA RAZÓN de Sevilla los representantes de los empleados.

Aparte, los días de lluvia, el agua anega la sala de equipos, con el peligro que ello supone, aseguran. La ventilación de los ordenadores, con todas las emergencias de Andalucía occidental en los discos duros, resulta «defectuosa».

Pese a todo, el sistema de Emergencias 112 Andalucía «tiene implantado un sistema de gestión de la calidad, basado en la norma ISO 9001:2000 y formalmente certificado». Se da la circunstancia de que los trabajadores llevan años esperando el traslado a la nueva sede de La Ranilla, sin que hasta la fecha se conozca la fecha de la esperada mudanza al nuevo edificio.

Según el pliego de condiciones de la Junta, en su apartado de garantías laborales, «el personal destinado a la cobertura del servicio contratado dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, teniendo ésta todos los derechos y obligaciones que le son inherentes en su calidad de empleador, y debiendo cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo respecto al mismo, pudiendo este extremo ser comprobado en cualquier momento por esta Consejería, mediante la presentación, por parte de la empresa adjudicataria, de contratos de trabajo y/o seguros sociales de los trabajadores, así como de los informes necesarios». Según el documento, «la Consejería de Gobernación y Justicia no asumirá vinculación alguna con este personal, ni le será exigible, por causa alguna, responsabilidad de ninguna clase como consecuencia de las relaciones laborales existentes entre la empresa adjudicataria y sus empleados, aunque éstas se deriven de la prestación de los servicios exigidos en el presente pliego y su consiguiente interpretación». Por tanto, el estado de las instalaciones compete a la concesionaria MK Plan 21.

Los trabajadores, por otro lado, también denuncian que «no se está cumpliendo el plan de formación ni de carrera». La paradoja de la formación que reciben es que los operadores se la tienen que preparar «en la sala», «entre llamadas», ya que no pueden sacar información del pabellón. Hablan de «mobbing» a dos técnicos y «acoso sindical», ya que se prohíbe repartir información en la sala. Una de las últimas medidas unilaterales ha sido la prohibición de permutas de turno entre la plantilla, algo que, por el contrario, sí realizan los mandos discrecionalmente.