La defensa de Lopera solicita al tribunal que cite a declarar como testigo en el juicio al presidente del Betis, Ángel Haro

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado este martes a la Audiencia Provincial de Sevilla que estime la cuestión previa planteada por la abogada del expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera en cuanto a las acusaciones particulares ejercidas por las asociaciones Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, aunque ha pedido que no sean “expulsadas” del procedimiento y únicamente puedan ejercer la acusación popular.

Durante la segunda sesión del juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, la fiscal del caso, Margarita Viera, ha puesto de manifiesto que, “por razones de coherencia y convicción política”, va a sostener “los mismos criterios” que ha expuesto a lo largo de los ocho años de instrucción de la causa, señalando que el Ministerio Público “no ha escatimado esfuerzos ni recursos” en esta causa.

En este sentido, la representante del Ministerio Público ha reconocido las “irregularidades procesales” que han tenido lugar a lo largo de la instrucción de la causa por parte de la magistrada Mercedes Alaya, las cuales, eso sí, “no han provocado efectiva indefensión ni un perjuicio real y efectivo a la posibilidad de defensa”, puesto que “no han cercenado la posibilidad de defensa”.

La fiscal del caso ha argumentado que, en este caso, no concurre “un interés público y social” que justifique la intervención de las asociaciones de béticos como acusaciones particulares, pero ha rechazado su “expulsión” del procedimiento y ha pedido al tribunal que dichas asociaciones puedan ejercer únicamente la acusación popular.

En este sentido, la representante del Ministerio Público se ha opuesto también, “por aplicación de la legalidad”, a que el tribunal se pronuncie ahora sobre la petición de la defensa de Lopera para que se condene en costas a las asociaciones, pues ese pronunciamiento se debe realizar en el momento de dictar sentencia y no ahora.

Asimismo, la fiscal se ha opuesto a la cuestión previa planteada también por la defensa de Lopera para que se declare la nulidad del informe pericial que cuantificó en 29,5 millones el supuesto perjuicio económico causado al Betis, punto en el que ha defendido la “imparcialidad y objetividad” de los peritos encargados de dicho informe dada su condición de funcionarios públicos y también su “capacidad” e “idoneidad” para realizar dicha pericial contable.

“La alegación sobre la falta de imparcialidad obedece más a las vicisitudes de su nombramiento que a su inidoneidad técnica”, ha argumentado la fiscal, que ha señalado que una de las “irregularidades procesales” aludidas se corresponde con “la errónea decisión” del Juzgado en cuanto al nombramiento de una empresa auditora privada para la realización de dicha pericial contable.

La abogada de Lopera, Encarnación Molino, también dijo que existe “prueba contundente” de que, con anterioridad a su nombramiento, el perito participó en las actividades inspectoras del Real Betis y de Tegasa, pero la fiscal ha dicho que dicha intervención “no afecta a la imparcialidad” del perito.

La Fiscalía se ha opuesto igualmente al resto de cuestiones previas que planteó la letrada de Lopera, como eran la vulneración del derecho al nombramiento de un perito de parte y la vulneración del derecho a un juez imparcial, en base a que los recursos de apelación presentados contra las decisiones adoptadas en fase de instrucción “fueron resueltos bajo la ponencia” del magistrado Juan Antonio Calle, quien “confirmó la inmensa mayoría de actuaciones del Juzgado” y que posteriormente fue recusado y apartado del conocimiento de los recursos.

De otro lado, la defensa de Lopera ha elevado un escrito a la Sección Tercera de la Audiencia en el que solicita que se reclame al Betis la escritura notarial elevada tras el acuerdo entre el club y Bitton Sport que avala la venta de acciones de Farusa y que cite a declarar como testigo al presidente del Betis, Ángel Haro.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones que ejercen las asociaciones de béticos se han opuesto a la práctica de esta prueba al considerar que son “extemporáneas”.

La Sección Tercera de la Audiencia se pronunciará en las próximas fechas sobre las cuestiones previas y las pruebas solicitadas en el juicio, que continuará el próximo 5 de junio con la declaración de Lopera.

Cabe recordar que la abogada de Lopera ha solicitado la libre absolución de su patrocinado porque “no ha existido disposición, apropiación ni apoderamiento de fondos” de la entidad “ni se ha producido enriquecimiento o beneficio alguno” para él y su entorno familiar.

Frente a ello, la Fiscalía solicita para el expresidente del Betis tres años de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club, mientras que también le pide pagar una multa de 2.700 euros y abonar una indemnización de 3,6 millones de euros. De forma alternativa, interesa condenarlo a dos años de prisión por un delito también continuado de administración desleal.

En su escrito de acusación, la fiscal, que solo acusa a cuatro de los ocho procesados, solicita que Lopera abone al Betis de forma conjunta y solidaria junto al también acusado Guillermo Molina Pérez 591.017,41 euros en concepto de indemnización, y subsidiariamente que se condene al pago de dicha cantidad a Tegasa.

Reclama que paguen 3.078.742,84 euros al Betis, cantidad de la que deben responder solidariamente como “cómplices” María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro. La Fiscalía pide también que se condene a Encadesa al pago de esta segunda cantidad de manera solidaria con los dos primeros acusados, y a Farusa solidariamente por 450.759,08 y 592.593,93 euros, y a Frigimueble solidariamente en 90.151,82 euros.