La Guardia Civil investiga a dos personas por verter amianto al río Guadalquivir en La Puebla del Río

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de La Puebla del Río (Sevilla) investiga a dos personas por delitos contra el derecho de los trabajadores, contra la seguridad e higiene en el trabajo y contra el medio ambiente, ya que habrían vertido al río Guadalquivir fragmentos de uralita, que posee amianto, procedentes del derribo de una finca próxima a los márgenes del río.

En un comunicado, la Benemérita ha informado de que los agentes del Seprona estaban inspeccionando las zonas protegidas y parques naturales del Brazo de la Torre, río Guadiamar y orillas del río Guadalquivir, contando para dicha inspección con el apoyo de unidades de helicópteros de la Guardia Civil, cuando observaron que, a la altura de una finca de La Puebla, una maquina retroexcavadora estaba recogiendo escombros de lo que parecía ser un cortijo o nave derrumbada, y a la vez los estaba tirando a la orilla del Guadalquivir.

En vista de la gravedad de estos hechos, los agentes aterrizaron junto al lugar, donde observaron que los escombros que estaban siendo arrojados al río poseían gran cantidad de fibrocemento, conocido como uralita. Así, se trata de un elemento de construcción en desuso en la actualidad que posee amianto, sustancia altamente tóxica y perjudicial tanto para la salud humana y animal como para el medio ambiente.

La Guardia Civil comprobó además que la empresa que realizaba los trabajos no estaba inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (Rera), por lo que se incumplían las estrictas normas de seguridad marcadas por el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos de exposición al amianto.

La empresa tampoco estaba dada de alta para la retirada de residuos tóxicos y peligrosos en la Delegación Provincial de Medio Ambiente, ni el trabajador maquinista estaba debidamente protegido con el Equipo de Protección Individual (EPI) que exige la seguridad de los trabajadores para realizar estos menesteres.

Por todo esto, se procedió a paralizar inmediatamente la retirada de escombros y a realizar una inspección ocular, averiguándose la identidad del titular de la nave y de los responsables del derribo y de la empresa que lo realizaba. Asimismo, se recogieron datos del trabajador y de la maquinaria con la que se estaba realizando el trabajo.

Una vez concluida la investigación, la Guardia Civil ha instruido diligencias de este supuesto delito e investiga a dos personas por presuntos delitos contra el derecho de los trabajadores, contra la seguridad e higiene en el trabajo y contra el medio ambiente.