Vox cuela en la Asamblea el debate sobre su modelo de cheque escolar

Primero lo introdujo como una pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y, después, como una proposición no de ley que acabó con variaciones y apoyada por el PP y Cs. Pero el caso es que Vox ha colado en el debate de la Asamblea una de sus banderas educativas: la implantación del cheque escolar. Es decir, la conveniencia de dar una ayuda directa a cada familia, independientemente de su nivel de renta, para que cada uno elija el colegio al que quiere llevar a su hijo.

«Hay que implementarlo poco a poco y no tirármelo la cabeza», se quejó Isabel Díaz Ayuso. A última hora, el Pleno ha aprobado por una mayoría de 67 votos una iniciativa acordada entre VOX, Cs y PP en la que se pide a la Comunidad de Madrid medidas que tiendan a la introducción del cheque escolar o tengan efecto equivalente. Y no sólo eso, que «se hagan valer en todos los órganos interterritoriales sus beneficios para la libertad y la igualdad». Por último, propuso solicitar al Ministerio de Educación que haga un estudio sobre sus efectos.

Vox lo ha defendido como «el mejor sistema para que los padres puedan elegir el centro que quieran para sus hijos y una forma de garantizar la igualdad de oportunidades». Cs lo ha cuestionado porque «no está demostrado que mejore los resultados académicos de los alumnos y siembra más interrogantes que soluciones da», mientras que el PP puso en valor que este sistema esté implantado en la educación de cero a tres años, con el «cheque bachillerato» o en la FP de grado superior.

PSOE, Más Madrid y Podemos han centrado sus críticas en que el sistema «trate de poner el dinero en el bolsillo de la enseñanza privada», en su carácter «segregador» y en la «falta de equidad que generaría».

“No es el mejor momento de plantearlo”

La patronal de las Escuelas Católicas se muestra critica con esta fórmula de financiación porque «comporta un sistema institucionalizado de copago y produce una estratificación del alumnado en función del nivel de renta». En opinión de su secretario regional, José Antonio Poveda, “cuando hay más demandantes que plazas, el cheque provoca la selección del centro en función de sus criterios de admisión”. Y no sólo eso, considera que “la unidad de coste es el aula y no el puesto escolar” de tal manera que pudiese darse el caso de un aula con pocos alumnos y el cheque no cubrir su coste. Es por esto por lo que considera que el concierto es la mejor de las fórmulas porque "con sus imperfecciones y las mejoras necesarias, goza de mayor grado de consenso, da estabilidad al sistema y responde en mayor medida a las exigencias de gratuidad, libertad, calidad y equidad”,.

Por su parte, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) opina que «no es el mejor momento para plantear algo que no se sabe cómo puede funcionar porque no existen estudios serios sobre el tema", asegura Juan Chávarri, su secretario general en Madrid. “Con el cheque no se garantiza la matriculación en el centro elegido y no parece fortalecer la libertad de elección de las familias ni, por supuesto, el derecho de todos a una educación de calidad”.

Chávarri considera que esta opción “podría dejar la educación a merced de las leyes de mercado, desfavorecería a la pluralidad de modelos y, sobre todo, a centros con clara iniciativa social en zonas despobladas o con mayor necesidad económica”.

En cambio, Juan Santiago, presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), cree que el cheque escolar, así como la desgravación fiscal a los gastos de las familias en educación, “es el sistema que reporta más nivel de libertad de elección a las familias, y también es el más justo y equitativo, en la medida en que evita la estratificación de los alumnos por niveles de renta, permitiendo que las familias con menos recursos económicos puedan elegir el centro en el que quieren matricular a sus hijos con verdadera libertad”.

Santiago asegura que el coste de una plaza en enseñanzas medias para la Administración viene a ser de 5.900 euros anuales y, en la actualidad, lo que hace el Estado es proporcionar una plaza en un centro público o gastar esa cantidad por la escolarización de un alumno en un centro concertado. Frente a esas opciones, “ACADE propugna una tercera opción, que es entregar una parte de esos 5.900 euros a las propias familias para que éstas puedan escolarizar a sus hijos en el centro que prefieran. Este modelo se está aplicando actualmente en algunos países del norte de Europa, funciona perfectamente y ofrece unos altos niveles de calidad educativa al incrementar la competencia entre los centros”.