Las escuelas infantiles privadas, en crisis

Cada vez que abre una escuela infantil pública, hay unas cuantas privadas que cierran o entran en situación de crisis. En Madrid han abierto sus puertas 13 públicas en el último año. A día de hoy, dos escuelas infantiles privadas son clausuradas a la semana, según la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE). De hecho, ha advertido del grave riesgo de desaparición en que se halla incurso el sector privado de centros de educación infantil, donde prestan sus servicios más de 5.600 empleados que escolarizan a 42.000 alumnos en los 937 centros que hay en la región y que, a nivel nacional, lo componen 5.100 empresas que dan empleo a 30.000 profesionales que educan a unos 205.000 alumnos.

No es sólo que abra una escuela pública en las inmediaciones de estos centros que son pequeñas empresas con no más de seis empleados de media, es la caída de la natalidad, es también la subida del salario mínimo interprofesional o lo que consideran competencia desleal de las llamadas «madres de día». Todos estos factores «están generando una tormenta perfecta que, de seguir así, nos aboca a la desaparición», explica Ignacio Grimá, presidente de la sectorial de infantil de la patronal de la enseñanza privada. «Sacar adelante una escuela infantil es ya de por sí un acto heroico y no sabes cuál de estos factores va a acabar contigo», añade.

Aumento de costes

El presidente de la sectorial de Infantil de Acade asegura que el salario mínimo interprofesional (SMI) ha pasado de 655,20 euros, en 2016, a 950 euros en 2020, lo que supone un incremento del 45% en cinco años. A ello hay que añadir la subida de las Bases Mínimas de Cotización a la Seguridad Social, que han pasado en el mismo periodo de 764,40 euros, en el año 2016, a 1.108 euros en 2020. Y es que, según Grimá, «la subida de las Bases Mínimas de Cotización representa un incremento del 45% del coste laboral para el sector, constituido casi exclusivamente por pymes y con convenios muy referenciados al SMI, en solamente cinco años».

Desde Acade aseguran que este incremento no lo pueden repercutir a las familias, que pagan una media de entre 350 y 400 euros por llevar a sus hijos a uno de estos centros. Además, creen que «hay una hiperregulación y mantener la estructura de coste, más los distintos seguros obligatorios, resulta caro. Así, por ejemplo, es necesario tener una cobertura de tres aulas, como mínimo, que cubra todo el ciclo, aunque haya la mitad de niños. En esta situación, la escuela tiene que cerrar», dice la patronal de la privada.

Caída de la natalidad

Según ACADE, al inasumible incremento de los costes laborales se vienen a sumar a otros factores preocupantes, como es la persistente caída de la natalidad. El sector espera que desde el Gobierno se ponga en marcha un plan que permita cambiar la tendencia, pero tampoco ayuda a cambiar la tendencia la caída de los flujos migratorios.

José Antonio Poveda, secretario regional de Escuela Católicas, patronal de centros infantiles privados, cree que, en Madrid, quizás «la dificultad demográfica no sea tan acusada como en otras comunidades pero, por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional es muy probable el aumento de las cuotas y la consiguiente pérdida de alumnado en un contexto de extensión de la oferta estatal y gratuita. Todo esto puede traducirse en una posible desaparición de muchos centros infantiles privados no sólo en Madrid, sino también en muchas zonas de España».

«Competencia desleal»

A los factores anteriores hay que sumar lo que Acade considera «competencia desleal» de las llamadas «madres de día», educadoras profesionales que ofrecen en su propia casa un servicio de atención y cuidado al menor de tres años, en grupos muy reducidos en un ambiente que resulte familiar.

Grimá asegura que ayer mismo un asociado le comunicó que no podía continuar con su actividad debido a la proliferación en un distrito madrileño de estas madres que acogen a diez o veinte niños y ofrecen un servicio a precio inferior al de una escuela infantil privada.

También se da el caso de comunidades de propietarios en Madrid que contratan a una cuidadora para atender a los menores que viven en una urbanización mientras los padres trabajan. «Ofertan sus servicios como centros de educación infantil sin serlo, ni reunir los requisitos exigidos, ni contar con la oportuna autorización de la Consejería autonómica correspondiente. No asumen los costes que tenemos nosotros como empresa», señala. «Esto no se está controlando y es una actividad paralegal, sobre la que no existe una legislación clara», añade el responsable de Infantil de Acade.