El relevo de Sánchez por otro socialista, vía de los socios para evitar las urnas

La grave crisis que atraviesa el Partido Socialista, debido a los escándalos de corrupción derivados de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, se saldó esta semana en el Congreso con un gesto de contención por parte de los socios, que quedan a la espera de las novedades que lleguen de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de los jueces. Todos, salvo Sumar, se cuidaron de fiar, de una manera o de otra, su decisión futura sobre la continuidad de la Legislatura a una posible escalada de los casos de corrupción (sobre todo, a una presunta financiación irregular de los socialistas).

El elemento que une a todos no es el apoyo a Pedro Sánchez, sino justamente el rechazo a unas elecciones que dan por perdidas. Y la decisión de atar su destino al del presidente del Gobierno se reevaluará en función de esas posibles novedades judiciales. El PNV está incómodo con el nivel de toxicidad que desprende el Gobierno de coalición, también otros aliados, pero en ese entorno vasco es donde primero han vuelto a retomar la posibilidad de que, si la situación se complica, se recupere la opción que ya se utilizó con Mariano Rajoy, la sentencia de la Gürtel y la moción de censura. Es decir, intentar que no haya elecciones, y mantener a un Gobierno que les está siendo útil, al tiempo que nadie les pueda reprochar haber dado aire a un Gobierno del PP con Vox. Y esto solo podrían garantizarlo por la vía de forzar esa dimisión de Sánchez para investir a otro candidato socialista.

Según el artículo 101 de la Constitución, en caso de que el presidente pierda la confianza parlamentaria prevista en la Constitución, fallezca o dimita, el Gobierno actual debe cesar, aunque este se mantendrá en funciones hasta la toma de posesión de un nuevo Gobierno. En cuanto a la persona que ocuparía el cargo y las funciones de Pedro Sánchez, la ley establece al vicepresidente o vicepresidentes, o a los ministros, si no se dispone de estos, como el/los sustitutos en el cargo. Actualmente, el Gobierno tiene tres vicepresidentes: María Jesús Montero, como vicepresidenta primera; Yolanda Díaz (Sumar) como vicepresidenta segunda, y, por último, Sara Aegessen como vicepresidenta tercera. Montero, como vicepresidenta primera, asumiría la Presidencia en funciones.

Una eventual dimisión de Sánchez abriría un periodo en el que se celebraría una nueva sesión de investidura en la que se deberá presentar un candidato al Rey Felipe VI. Así, se volvería a abrir un proceso como el que se produce cuando se celebran elecciones. El PSOE tendría que volver a conseguir el apoyo de sus socios de investidura y decidir un candidato. La lógica dicta que Montero es la sustituta natural, pero el PSOE podría presentar otra alternativa, incluso una figura que no fuera ministro o diputado.

Si en dos meses ningún candidato resultara elegido se disolverían las Cortes y se convocarían unas elecciones generales. Durante los casi 41 años de democracia, han pasado por la Presidencia del Gobierno un total de siete presidentes. Adolfo Suárez es el único en dimitir de su cargo.

La dimisión de Sánchez sería la solución más inocua para los aliados parlamentarios del PSOE, que, en tanto siguen haciendo de costaleros del presidente del Gobierno, al mismo tiempo continúan forzando acuerdos que beneficien a sus territorios a costa del principio de igualdad entre todos los españoles. Es el caso del concierto catalán, que se presentará este lunes, y supone la culminación de la exigencia independentista de que la Generalitat tenga una Hacienda propia, a pesar de que la firma del pacto tenga que asumirla el actual presidente de la Generalitat, el socialista Illa. O la cesión de la Seguridad Social a Euskadi. Sobre esto último, las dos Administraciones llevan meses negociando un traspaso «escalonado» de la gestión económica de la Seguridad Social.

La posición de Junts y PNV en el Pleno de esta pasada semana sobre la corrupción del PSOE se entiende mejor si se vincula con estas dos cesiones de impacto territorial y social en la vigencia del Estado del Bienestar en toda España. El compromiso de asegurar el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika ha estado sobre la mesa de los acuerdos de todas las investiduras apoyadas por el PNV al líder del PSOE. El último acuerdo en cuanto a esta cuestión lo firmaron el entonces presidente del PNV Andoni Ortuzar y Sánchez, y establecía que a finales de 2025 deberían haberse transferido la más de una veintena de materias pendientes, entre ellas la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

En cuanto al concierto catalán, supone que Cataluña abandone el régimen común de financiación. De aprobarse lo pactado para la investidura de Illa, Cataluña tendrá la posibilidad de recaudar y gestionar sus propios impuestos. Aunque sea una exigencia del independentismo, a Illa le urge reconducir la situación financiera que recibió en herencia de Pere Aragonès.