Las escuelas infantiles privadas, al límite: “O nos dan ayudas o desaparecemos"

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) se ha dirigido a la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para insistir en que, ante la cancelación del pago del cheque escolar para los centros privados de educación infantil de la Comunidad, “o se arbitran ayudas por una cuantía similar o el sector va a desaparecer una vez finalice la situación provocada por COVID-19”.

“La situación del sector de educación infantil en la Comunidad de Madrid es absolutamente crítica. No entendemos por qué no se implementan ayudas por parte de la Administración equivalentes en cuantía a las que se han dejado de abonar a las familias como consecuencia del cierre de los centros, como ya se ha hecho en comunidades de diferente signo político como Andalucía, gobernada también por el PP y Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE y Compromis. O se implementan medidas de este tipo o 50.000 familias se encontrarán con su escuela infantil cerrada cuando finalice la crisis”, ha asegurado a LA RAZÓN Juan Santiago, presidente de ACADE.

La asociación cree que “es obligación de los poderes públicos garantizar la prestación del servicio y dar respuestas a aquellas situaciones que pudieran hacer peligrar la citada prestación”. Y no sólo eso, ha advertido de que si cierran estas escuelas infantiles, la situación podría afectar a 50.000 familias, que podrían perder la plaza de sus hijos.

Esta situación afecta a más de 900 centros privados, que escolarizan a más de 50.000 alumnos de 0 a 6 años y que dan empleo a cerca de 7.000 trabajadores, en un 90% mujeres.

En su comunicación a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ACADE expone el ejemplo dado por la Junta de Andalucía, que “ha aprobado una medida urgente (Decreto-Ley 4/2020 de 20 de marzo) para garantizar el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil de su comunidad, durante el periodo de estado de alarma, otorgando en régimen de concurrencia no competitiva una subvención dirigida a los centros de educación infantil privada”.

Por último, ha recordado a la Administración el ahorro que implica a las arcas públicas la importante labor que desempeña la educación privada no sostenida con fondos públicos y propone el modelo andaluz como el único que puede garantizar la supervivencia del sector.