El PSOE redobla su pulso contra la universidad privada en el Congreso

Dos años después de que se aprobara la Ley de Universidades (LOSU), la norma vuelve al Congreso para sufrir nuevos retoques en un nuevo pulso contra la universidad privada. Tras la polémica semanas atrás por el decreto que regula nuevas exigencias para creación de campus privados, que el Gobierno llama «chiringuitos», ayer llegaba a la Cámara Baja una iniciativa del PSOE por la que se quiere modificar el artículo 9.5 de la LOSU en lo que supone otra vuelta de tuerca contra las privadas. El Congreso respaldaba con 177 votos a favor y 168 en contra la iniciativa socialista para que ninguna universidad, sea pública o privada, tenga que pagar a empresas, instituciones, hospitales, fundaciones u organizaciones para tener garantizado que sus alumnos puedan hacer prácticas académicas externas. Se trataría así de garantizar que todos los estudiantes estén en igualdad de oportunidades independientemente de la universidad que hayan escogido para formarse y asegurar el carácter formativo y no lucrativo.

El portavoz socialista, Roberto García Morís, aprovechó su intervención para arremeter contra la política «devastadora», «letal», de «subida de precios y endurecimiento de requisitos para becas del PP». Y, en concreto, señaló a Andalucía y Madrid como ejemplo de «recorte de fondos públicos» con una política universitaria entendida como «negocio».

Unos argumentos que fueron rápidamente contestados por Joaquín Robles (Vox), quien calificó la defensa de la iniciativa del portavoz socialista como «pura retórica demagógica contra la universidad privada. Se pretende tensar la soga en el cuello de las privadas y se quiere reducir su nicho de mercado. Le molesta que crezcan y se pretende crear un nuevo enemigo ideológico (...) Vulneran la libertad de enseñanza y de empresa», dijo tajante. Los populares atacaron la iniciativa con argumentos similares. Su portavoz, Pedro Navarro, justificó que las privadas tengan que pagar para hacer prácticas. Sobre todo en algunas provincias con un 98% de pymes. «La Diputación de Palencia tienen que pagar a empresas para que admitan a estudiantes para hacer prácticas porque no hay tejido empresarial suficiente y eso pasa en muchas provincias». Más aún, puso el caso de la Universidad Complutense que «tiene que pagar a la Real Academia de Ingeniería 20.000 euros para que acojan a estudiantes femeninas para que haya más vocaciones científicas en las empresas y, con esta propuesta, sería ilegal». Los populares creen que se trata del «enésimo ataque a la libertad del PSOE. Junts también fue crítico con la iniciativa. No solo considera que es una «sobrerregulación», sino que también cree que hay una invasión de competencias. «Cualquier regulación que tengamos que hacer de las prácticas universitarias externas ya la haremos nosotros».

Sumar, apoyó al PSOE al afirmar que «no podemos permitir que la universidad pública compita en desventaja contra un modelo que mercantiliza la formación», en línea con el resto de grupos.