Los policías adscritos a la Comunidad de Madrid dejan de percibir 840 euros

Exigimos al Ministerio del Interior y a la Comunidad de Madrid que solucionen el grave problema que ha generado la firma del convenio entre ambas Administraciones. Según la Confederación Española de Policía, los agentes de la Unidad de Cooperación de Policía Nacional adscrita a esta región van a dejar de percibir una productividad que forma parte de su sueldo, correspondiente al primer trimestre de 2022 y que supone para cada funcionario un perjuicio que supera los 840 euros.

Esta situación --explica el sindicato-- tiene su origen en la firma del convenio entre ambas administraciones, el pasado 12 de abril, que establece para los próximos cuatro años asuntos tan importantes como los cometidos de la Unidad de Cooperación de PN (vigilancia y protección de edificios, escolta de autoridades y servicios de policía administrativa en materia de juegos y espectáculos), el número total de efectivos con el que contará (80) y la manera de financiarse.

La Comunidad de Madrid asume el pago del 50% de las retribuciones básicas y complementarias y la Dirección General de la Policía la otra mitad. Además, es la Administración autonómica la que asume el desembolso del 100% de la productividad mensual que cobran los policías nacionales como incentivo al rendimiento.

El cierre de este acuerdo entre ambas administraciones fue muy tortuoso, como así lo reconoce la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una carta remitida a CEP en la que indica que su Gobierno “no escatimó esfuerzos para superar las complicaciones que surgieron durante la firma de este acuerdo que queríamos hacer efectivo cuanto antes”.

Y es que el convenio firmado, paradójicamente, sólo soporta el desembolso presupuestario de la productividad que asume la Comunidad de Madrid desde abril de 2022, dejando el primer trimestre del año sin cobertura alguna y habiendo provocado que decenas de agentes no cobren más de 840 euros por este error, que sólo puede ser calificado como desidia burocrática puesto que el anterior convenio -firmado en marzo de 2016 y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2019- ya contemplaba los mecanismos de financiación y, por tanto, no estamos ante una situación inesperada o sobrevenida, subraya la CEP.

“La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sitúa en el tejado del Ministerio del Interior la responsabilidad por este error al afirmar que “ni yo ni ningún miembro de mi Gobierno tenemos margen de maniobra”. Añade, además, que “no me es posible brindarle una solución a la cuestión que me ha expuesto porque si asumiéramos el desembolso de la productividad solicitada para el primer trimestre del año 2022 estaríamos incumpliendo con la normativa que regula este instrumento jurídico, que fue suscrito el pasado mes de abril sin efectos retroactivos, pues en él no se reflejan los gastos derivados del primer trimestre del año”.

Por lo que respecta a a la Dirección General de la Policía, su subdirector general de Recursos Humanos y Formación indicó, en una reunión del Consejo de Policía de 22 de febrero, tras reconocer la problemática que sufrían los agentes, que la intención, una vez firmado el convenio que en ese momento se estaba ultimando, era que se cobrase la cuantía de la productividad correspondiente a todo el año. Indicó, además, que el cobro de esa productividad de la Unidad de Cooperación de Policía Nacional adscrita a la Comunidad de Madrid estaba vinculado a la firma del convenio, pendiente entonces del visto bueno de la Intervención delegada del Ministerio de Hacienda y Función Pública.