Tribunales
Revés para la alcaldesa de Móstoles: La Fiscalía pide reabrir el «caso ITV»
El Ministerio Fiscal se adhiere al recurso de apelación de Más Madrid tras archivarse el caso
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, se enfrenta a un nuevo revés judicial. Y es que cuando parecía que se había cerrado definitivamente el «caso ITV», después de que la jueza del juzgado de instrucción número 1 de Móstoles archivara el caso por el que había sido investigada la alcaldesa y su gobierno local por perdonar presuntamente una deuda a la empresa ITV Móstoles S. L., ahora es la Fiscalía la que ha solicitado su reapertura.
Así, la fiscal ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid la reapertura del caso ITV y se adhiere al recurso de apelación formulado por Más Madrid Ganar Móstoles contra el archivo de la causa.
La cuestión es que, si bien el Ministerio Fiscal no había tomado parte en todo el asunto, cobra especial importancia su petición en la medida en que da crédito al recurso interpuesto por la formación que lidera Mónica García y deja claro que no se trata de una querella política. Centra todo el asunto en una cuestión de posible malversación de fondos públicos. «Se originó un perjuicio a las arcas públicas toda vez que no ser resolvió la concesión ante el reiterado impago del canon, sino que se acordó una quita de 615.000 euros, se redujo el canon a 60.000 euros anuales, se acordó un fraccionamiento de la deuda pendiente sin intereses ni garantías durante un período de 30 años. Por todo ello entendemos que existen indicios suficientes de la comisión de delito», expone el escrito del Fiscal remitido a la Audiencia Provincial de Madrid.
La fiscal argumenta, además, que la jueza acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones «partiendo de una base errónea al señalar que la mercantil ITV Móstoles se encontraba en fase de preconcurso, siendo posible en dicha fase negociar con los acreedores para evitar la declaración de concurso».
El procedimiento se inició después de que Gabriel Ortega y Susana García, concejales del Grupo Municipal Ganar Móstoles, interpusieran una querella el pasado 15 de febrero de 2021 al constatar que la empresa ITV Móstoles S. L., tenía un contrato con el Ayuntamiento por una vigencia de 30 años con un canon inicial de 133.000 euros anuales que, conforme a lo previsto, estaba fijado para el año 2020 en una suma de 147.653,59 euros.
Sin embargo, tal y como detalla el escrito del Fiscal, la ITV solo hizo efectivo el canon correspondiente a los años 2011 y 2012 y un pago parcial de 713,02 euros en 2013, por lo que adeudaba en 2020 un total de 1.129.570,78 euros. En la querella Más Madrid denunció al Ayuntamiento por «perdonar el cobro de tasas» y el Fiscal repara en el hecho de que, «a pesar del informe desfavorable del interventor, la Junta de Gobierno Local de 20 de octubre de 2020 aprobó, previa declaración de urgencia, la quita del 50% de la deuda, la reducción del canon anual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales».
Los querellantes acudieron a los tribunales porque consideraban que esta actuación del Ejecutivo de Noelia Posse era constitutiva de un “delito de prevaricación” y que, además, con el acuerdo se causaba un perjuicio para las arcas públicas de 2.455.725,39 euros.
El escrito de la Fiscal, adhiriéndose al recurso presentado por Más Madrid, ha generado sorpresa en el equipo de Gobierno de Noelia Posse, que daba por cerrado el asunto que puso en una situación muy incómoda a la regidora socialista de la segunda ciudad más grande de la Comunidad de Madrid y que suponía un suma y sigue a los numerosos escándalos surgidos durante su mandato. La Audiencia Provincial deberá decidir ahora si tiene en cuenta el escrito de la Fiscal, un asunto sobre el que podría pronunciarse en mes y medio aproximadamente. En caso de admitirse, obligaría a la jueza a reabrir el caso y a tomar declaración a empleados públicos como el antiguo interventor o el secretario del Ayuntamiento, ambos cesados por la alcaldesa socialista. En el peor de los casos para Posse podría desembocar en la apertura de un juicio oral que no beneficiaría en nada a la «alcaldesa de los enchufes», como se la ha llamado en un año electoral.
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