La carta de Madrid a Marlaska: «Ya hemos acogido a los mismos menores inmigrantes que en todo 2023»

«Ministro, no podemos seguir ni un día más con desinformación, falta de coordinación e improvisación por parte del Ministerio». Con estas líneas finales, la misiva escrita por Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, y dirigida a Fernando Grande-Marlaska, pone de relieve un problema que amenaza con desbordarse: la crisis migratoria. La situación es límite. «Ahora mismo, nos situamos en el pico más alto de ocupación de toda nuestra historia, superando cualquier escenario vivido anteriormente», afirma la consejera en la carta, a la que ha tenido acceso este periódico.

Según avanzan a LA RAZÓN fuentes del Ejecutivo autonómico, con esta iniciativa, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso quiere ofrecer al Ministerio del Interior «toda su colaboración» para intentar solucionar «un grave problema que afecta a todas las administraciones» y que en Madrid tiene su epicentro en el aeropuerto Adolfo Suárez. Y es que, solo en nuestra región, señala Ana Dávila, «hemos atendido desde el 1 de enero a 1.005 posibles menores inmigrantes». Prácticamente, añade, «los mismos que en todo 2023».

Esa referencia a los «posibles menores», explica la consejera, se debe a que muchas personas, en su mayoría procedentes de África y que aterrizan en el aeropuerto madrileño, se declaran como tales «sin serlo». El objetivo, «utilizar nuestro sistema como albergue y tránsito a otros emplazamientos», asegura.

Fuentes de la consejería detallan que son las administraciones autonómicas las encargadas de hacerse cargo de los menores no acompañados. Las dificultades, añaden, aparecen cuando dichos menores no portan consigo ningún documento que acredite su edad y, además, existen serias dudas de que verdaderamente tengan menos de 18 años. Es en esos casos cuando entra en acción el protocolo del 13 de diciembre de 2014, de carácter estatal, en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la reseña del menor, la inscripción en el Registro de Menores No Acompañados (RMENA) y su entrega a la entidad pública de protección, en este caso autonómica. De hecho, en ocasiones, estos jóvenes son sometidos a pruebas radiológicas para determinar su edad. Y, durante ese ínterin, permanecen acogidos en centros de menores.

Sin embargo, y como explican desde el Gobierno regional, esto es la teoría. En la práctica, dichos jóvenes pendientes de verificar su edad pueden pasar dos, tres o cuatro meses en dependencias de la Comunidad de Madrid hasta que se determina su minoría, o no, de edad. Y si bien es algo que «ha sucedido siempre», ahora no son problemas puntuales: dentro de una crisis migratoria como la actual, son situaciones muchas más frecuentes de lo deseable.

«Viejos» en los centros

Para hacerse una idea del problemas, las mismas fuentes señalan que, algunos internos de centros de menores afirman tener hijos de quince años, y sus compañeros se refieren a ellos como «viejos».

Ante esto, la consejera de Familia pide a Marlaska que se den «instrucciones claras y precisas que permitan coordinar la intervención» de todas las instituciones y administraciones. De ahí que, un primer paso, «sea identificar las lagunas y brechas» en el aeropuerto de Barajas. Del mismo modo, consideran imprescindible actualizar el protocolo de 2014 y «adaptarlo a las nuevas realidades». Y es que, entre otros ejemplos, desde el Gobierno regional explican algunas prácticas muy recientes, como la aparición de pasaportes de Gambia, legales en principio, pero rellenados –previo pago– con datos falsos. Entre esos datos, estaría la edad de su portador.

«Exigimos que, con carácter urgente, el Gobierno de España se haga responsable y atienda a los menores que presentan dudas sobre su edad biológica mientras se determina la misma, como es su obligación, en lugar de ponerlos a disposición de las comunidades autónomas», prosigue Ana Dávila. Y es que «esta inacción y ausencia de control hace que estas personas sean aún más vulnerables, que España se convierta en la puerta de entrada para las mafias de trata de mujeres y niños y, sobre todo, que nuestro sistema de protección se encuentre en grave riesgo».