Emilio Viciana: «Hay riesgo de que muchos alumnos se queden sin titular»

Abogado y administrador civil del Estado con amplia experiencia en gestión, está al frente de una de las consejerías más complicadas del Gobierno de Díaz Ayuso y desde la que más se ha batallado contra el Gobierno central.

A partir del 1 de enero de 2024, los alumnos empezarán a cotizar por hacer prácticas. Usted ha dicho que esto va a paralizar la FP y la universidad. ¿Esto va a ser así tal cual?

Esperamos que el efecto no sea tan grave como el que vaticinamos, pero nos preocupa mucho que pueda llegar a serlo. Además, la situación es bastante irregular por las diferencias autonómicas, porque depende mucho del número de alumnos o del tipo de prácticas que realicen. La situación es bastante preocupante. No es tanto un problema económico, al menos durante el primer año, porque el Ministerio ha anunciado una bonificación del 95% y luego de un 5% adicional del coste de la cotización, sino de la gestión. La pueden asumir los propios centros de Formación Profesional, las universidades o bien la Administración Autonómica. Ninguno de los centros ni las distintas entidades están preparados para para asumir este tipo de gestión que es bastante compleja porque incluye nóminas, altas y bajas o incidencias. Para las empresas, cualquier error en estas altas y bajas en la cotización da lugar a penalizaciones y pérdida de bonificaciones.

¿Y con estos requisitos ya se han encontrado empresas que no quieran recibir alumnos?

Uno de los problemas más graves que hemos detectado es que, solo con la publicación de la normativa, empresas que habitualmente recibían alumnos en prácticas ya han dicho que no quieren firmar los convenios para recibir los alumnos en prácticas. Esto es muy grave.

¿De cuántas empresas estamos hablando? ¿Se trata de prácticas que sirven para titular?

En cuanto al número de empresas, estamos hablando de cientos. Se ha hecho una labor de años intentando construir todo un nexo con el sector productivo, la FP y las universidades de cada comunidad autónoma. Para las empresas es trabajoso el tener que recibir alumnos en prácticas, pero con mucho esfuerzo, durante años, se ha ido convenciéndolas para que lo hagan porque nos beneficia a todos. En el caso de las grandes, para ellas es muy positivo, entre otras cosas porque favorece la titulación y luego pueden tener una mano de obra cualificada de la que disponer en el futuro. El problema es que, además, la mayoría de estas prácticas son obligatorias para titular.

¿Puede ocurrir que haya alumnos que se queden sin titular?

Si, ese riesgo existe.

¿Estaría en jaque la FP?

Por supuesto, estaría en jaque especialmente la FP Dual por las características que tiene y el periodo intenso de formación en el centro de trabajo.

¿La Comunidad de Madrid se ha planteado cómo solventar este escollo de gestión?

Sí, por supuesto, aunque políticamente nos hemos opuesto a esta medida desde el primer momento. Entre otras cosas, porque no estamos de acuerdo con los fundamentos políticos de la misma. Consideramos que los estudiantes son estudiantes, los trabajadores son los trabajadores y el hecho de que los estudiantes coticen a la Seguridad Social es desvirtuar el sistema y no supone una ayuda de los alumnos, que ya son un colectivo protegido de por sí. No obstante, hemos trabajado desde el primer momento también en buscar una forma de gestión que agilice y que simplifique el proceso. Lo hemos hecho en dos líneas distintas: una más orientada hacia la FP y otra dirigida a las universidades. Desde el punto de vista económico, también queremos ayudar. Hemos intentado construir mecanismos de gestión que ayuden a solucionar este problema. El escollo que encontramos es que existen numerosas dudas, tanto jurídicas como técnicas sobre la cotización a la Seguridad Social que llevamos preguntando desde el mes de junio, no solo nosotros, sino el resto de comunidades autónomas, que la propia Seguridad Social no es capaz de aclararnos. Lo preocupante es que la parte sancionadora va a estar activa desde el primer momento .

El Ministerio de Educación ha planteado una regulación sobre el móvil. ¿Qué le queda aún por hacer a Madrid después de haberlo prohibido hace años?

La ministra llega tres años tarde a esta medida. La Comunidad de Madrid ya lo puso en marcha, mediante un decreto, la prohibición del móvil porque se había detectado la problemática asociada a su uso. Lo que se hizo fue intentar atajar esta esta cuestión prohibiéndolo. Si se crea un grupo de trabajo y podemos poner en común lo que hemos hecho todos seguro que podemos encontrar alguna idea buena de la que beneficiarnos. Pero la cuestión es que esto no es una problemática únicamente del ámbito educativo, sino que afecta al conjunto de la sociedad.

Madrid ha salido muy bien parada en el informe PISA en cuanto al nivel de rendimiento de sus alumnos. ¿Qué hoja de ruta tiene la Comunidad ahora en materia educativa tras las conclusiones que se han obtenido?

Estamos realmente satisfechos con los resultados. Creemos que Madrid ha marcado una diferencia respecto a otras comunidades autónomas. Además de estar entre los diez primeros países del mundo, también estamos entre las cinco primeras comunidades autónomas. Y esto comparándonos con regiones con una densidad de población muy inferior a Madrid. Vemos reforzadas las políticas que ya habíamos puesto en práctica. Por otro lado, estos resultados nos sirven para identificar aquellos puntos en los que podemos mejorar. Creo que hay un clamor generalizado por la vuelta a determinados conceptos relacionados con la educación desde el punto de vista básico. Hay que incidir muchísimo en la lectura, en la escritura, en la comprensión, en que los alumnos puedan tener un conocimiento muy profundo de la historia, que son elementos que parece que se están dejando atrás, especialmente con la nueva ley educativa del Gobierno, la Lomloe. Nosotros creemos que los saberes deben dividirse en asignaturas, como siempre se ha hecho, y eso permite, por un lado, diferenciar el propio contenido y, por otro, poder evaluar correctamente en las pruebas de EVAU que se están planteando ahora.

¿Está de acuerdo con la regulación que se está haciendo de la EVAU?

La EVAU única, aunque es deseable, no soluciona el problema. Es necesario adoptar más medidas. El contenido del 40% de las materias que se dan corresponden a las Comunidades autónomas y el 60% del currículo lo fija el Estado. De ahí el problema: necesitamos una homogeneidad. Si implantáramos una EVAU única nos encontraríamos con que se examinaría de esas asignaturas que corresponden solo al Estado y se perdería toda la parte de conocimiento que aportan las comunidades autónomas. Esto es peligrosísimo. Por otro lado, es necesaria una homogeneidad en la impartición del programa. También nos consta que cada vez es más difícil impartirlo de manera completa. Una EVAU única sería poco eficiente. Lo que hace falta es un pacto entre el Estado y las Comunidades autónomas para garantizar unos contenidos homogéneos porque ahora no se estudia lo mismo en todas las autonomías, luego sería injusto examinar a todos los alumnos de lo mismo. Las diferencias existen incluso dentro de las mismas regiones. El problema es complejo, exige reflexión y un pacto entre los principales actores.

Algunos expertos aseguran que el acuerdo PSOE-ERC afectará a la financiación de las universidades porque dinamita la equidad en cuanto a la financiación. ¿Cómo se ve esto desde Madrid?

Este es un problema de carácter nacional. Estos pactos han puesto de manifiesto una intención de favorecer a Cataluña, donde la universidad va a ser una beneficiada más por la condonación de la deuda y al participar en igualdad de condiciones de la financiación autonómica. En la Comunidad de Madrid nos pilla en un momento muy importante porque estamos desarrollando nuestra propia Ley de Universidades. En ella, uno de los asuntos que abordaremos es el sistema de financiación. Esto es una de las cuestiones más demandadas, pero también compleja por la heterogeneidad de las universidades. Nuestra idea es diseñar un sistema de financiación que establezca unos mínimos y unos porcentajes básicos que se repartan por igual entre todas, pero luego es necesario establecer ciertas diferencias basándonos en las particularidades de cada una, aunque está por definir el sistema de financiación, pero queremos establecer un sistema homogéneo y proporcional a la vez que se vean recompensados los esfuerzos que hace cada una en distintos ámbitos.

Que el Gobierno haya favorecido a Cataluña no solo perjudica a Madrid, sino a toda España.