La fórmula de éxito (fiscal) de Madrid

Inflación, guerra en Ucrania, subida de tipos de interés... La tormenta perfecta económica está servida. En el centro, la población intenta esquivar, como mejor puede, los distintos frentes que se le abren. Entre ellos, plantar cara a un escenario impositivo cambiante, ante la voluntad de Moncloa, que se ha centrado en los últimos meses en anunciar una batería de ayudas y subvenciones, a costa del contribuyente, ya sea en abonos para viajes o pisos a construir en los próximos años. Un zoco de regalías que no ayuda a la estabilidad económica. Muy al contrario, lleva a cuestionar a inversores internacionales, la oportunidad de elegir España como objetivo de sus apuestas inversoras.

Frente a ello, desde hace años, la Comunidad de Madrid ha hecho bandera de bajadas fiscales frente al ímpetu recaudador de la izquierda en el Gobierno.

Un camino de rebajas y ajustes en los impuestos que ha dado sus frutos en apenas unos años. Así, el Gobierno regional aprobó en 2021 la mayor rebaja llevada a cabo hasta ahora en el tramo autonómico del IRPF con una reducción de medio punto en cada uno de ellos. Una medida criticada con dureza por aquellos que, desde Moncloa, o desde otras comunidades autónomas, apostaban por mantener -e incrementar- la presión fiscal. Con todo, aquella decisión tenía sentido político. Se trata de un compromiso electoral del que se beneficiaron los madrileños en la declaración de la renta de 2022.

Y que aquella iniciativa, negro sobre blanco, ha supuesto un ahorro de 334 millones de euros, con mayor impacto en las rentas bajas, con un 5,5%, frente al 2,4% de las altas. De esta manera, Madrid se consolida como la región con los tipos más reducidos, situándose en un 8,5% el más bajo y en un 20,5% el más elevado.

Deflactación

La subida de los precios sigue golpeando con fuerza a las familias. Desde Moncloa no se la logrado articular, más allá de los anuncios tras el Consejo de Ministros, una respuesta adecuada a la continua escalada del IPC. De hecho, hace escasos días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) aseveró que ese Índice de Precios al Consumo bajó en junio del 2%, algo que no ocurría desde antes del inicio de la guerra en Ucrania. Un dato del 1,9%, en concreto, que supone una sensible caída de 1,3 puntos porcentuales. Aquí el efecto escalón es básico: al compararse con la situación de hace un año, en la que la inflación era muy elevada, se produce un fenómeno estadístico que contiene todavía más las cifras.

Pero, como se suele decir, en la letra pequeña está el diablo. Lo indicado por el INE, en todo caso, contiene dos datos que siguen siendo muy preocupantes. Por una parte, la inflación subyacente, la que marca la tendencia de fondo, sigue siendo muy elevada: está en el 5,9%. De ese entorno del 6 no se ha conseguido bajar en los últimos tiempos. Y por otra, que el coste de los alimentos se mantiene por encima del 10% incluso después de haberse moderado más de un punto.

Esta situación, unida a la crisis energética y la guerra de Ucrania, está repercutiendo de manera negativa en el bolsillo de los ciudadanos, encareciendo el precio de los carburantes y la cesta de la compra, entre otros apartados.

Por otro lado, los expertos apuntan a que la subida de los sueldos va a afectar de manera negativa en el impuesto de la renta. Para evitar que esto ocurra, el Gobierno regional ha intervenido y deflactado la tarifa para que no se pierda poder adquisitivo y ayudar a los contribuyentes a soportar la escalada del aumento de precios.

El incremento de un salario en un 5%, motivado por la inflación, puede provocar que una persona pase de su actual tramo del impuesto al siguiente más superior, lo que conlleva pagar más. Por ejemplo, para un contribuyente que declara ingresos de 40.000 euros, no deflactar la tarifa le supondría pagar 300 euros más.

La deflactación permite también evitar que esto no suceda para que se siga aportando lo mismo que hasta ahora, y la subida salarial pueda destinarse a hacer frente a un mayor coste de bienes y servicios. Si el salario del contribuyente no aumenta, esta medida constituye una bajada de impuestos porque pagaría un tipo medio efectivo menor.

Escenario a futuros

Sin embargo, la lucha contra la inflación y el impulso económico a la industria y servicios de la Comunidad de Madrid no se puede quedar solo en lo hecho hasta ahora. El escenario económico es cambiante. Muda cada semana. Cada mes, como hemos podido comprobar este pasado jueves, cuando el Banco Central Europeo (BCE) volvió a subir los tipos de interés otro cuarto de punto para dejarlos en el 4,25%. En ese sentido, el Gobierno de Madrid «tiene un plan». Un plan fiscal, y unas armas, hasta donde una comunidad autónoma puede articular medidas de salvaguarda económica para sus ciudadanos. Tras su rotunda victoria del 28M, Isabel Díaz Ayuso, en sede parlamentaria, ante la Asamblea de Madrid, anunció en su discurso una nueva y sustancial rebaja fiscal destinada a familias y a aquellos negocios con más de 50 años de antigüedad.

Lo anunciado afectará a figuras como el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentales (AJD), gestionados por la propia autonomía, y a otras como el impuesto de bienes inmuebles (IBI), el de plusvalía o el impuesto de actividades económicas (IAE), de carácter municipal. Por todo ello, mientras que una parte del plan depende exclusivamente del propio Ejecutivo regional, la otra tendrá que ser consensuada con los ayuntamientos del territorio. Algo en lo que algunos, sin duda, intentarán sacar rédito político y ventajas, además de seguir el dictado de Moncloa frente a lo que, en verdad, interesa a los habitantes de su localidad.

A desarrollar en esta legislatura, se acordará con los ayuntamientos la rebaja del IBI, del IAE y del ICIO (Construcciones, Instalaciones y Obras), así como de las tasas que abonen por sus actividades. En el marco regional, la bonificación del 95% afectará a ITP y AJD, dos figuras que se aplican, por ejemplo, al comprar un bien inmueble. Unas medidas que sin duda ayudarán a muchos -especialmente jóvenes- a hacerse con su primera vivienda.

Por otro lado, enfocada a la gran masa de contribuyentes madrileños, el Gobierno de la Comunidad de Madrid solicitará a los ayuntamientos de la región que apliquen una rebaja en el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el conocido como impuesto de plusvalía que se aplica cuando el valor del activo inmobiliario se ha incrementado entre el momento de la compra y el de la transmisión.

La petición se trasladará desde la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo autonómico, a los 179 municipios de la región para reducir este tributo de naturaleza local que grava la revalorización de terrenos urbanos como viviendas y locales, y al que hacen frente todos los contribuyentes que realizan una transmisión de la propiedad, ya sea por compra, donación o herencia.

La Comunidad de Madrid tiene ante sí, y pese a la incógnita abierta por los resultados del pasado 23J, la orquestación de una batalla impositiva de descuentos que busca impulsar la prosperidad en la región, ya, más rica de España.