La semana

Madrid lidera el giro en vivienda frente al desincentivo de Moncloa

Cibeles aprueba su nueva norma de pisos turísticos cuando se cumple el segundo aniversario de la ley del Gobierno central

Martínez-Almeida logró aprobar esta semana el Plan Reside
Martínez-Almeida logró aprobar esta semana el Plan ResideEuropa Press

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el Plan Reside que pretende dar un giro al modelo de saturación turística y reforzar la apuesta del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por un urbanismo «centrado en el vecino». Madrid ha sacado músculo esta semana en la que el Gobierno ha anunciado otro paquete medidas, entre ellas, aumentar los impuestos a la vivienda vacía. La ciudad es ya la que cuenta con más inmuebles públicos en régimen de alquiler asequible de España, aseguran en el Consistorio. Mientras, más de 120.000 pisos se han retirado del mercado en nuestro país en estos dos años desde la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda, el Ayuntamiento gestiona a través de la Empresa Municipal de la Vivienda un patrimonio de más de 9.200 inmuebles públicos. La cifra coloca a la capital en cabeza del ranking nacional, según afirman en Cibeles. La empresa municipal tiene otras 6.200 viviendas en marcha, entre fases de proyecto y ejecución. Dentro de ese paquete se incluyen 2.200 pisos del Plan Suma Vivienda, un proyecto estratégico que apuesta por la colaboración público-privada en desarrollos como Los Berrocales y Los Ahijones.

El Plan Reside se presenta, por tanto, como una iniciativa más en una política de vivienda que quiere diferenciarse de la del Ejecutivo. El alcalde lo defendió esta semana en el Pleno como «una herramienta realista para proteger el uso residencial de la ciudad», y aprovechó para lanzar un dardo: «Mientras otros se dedican a intervenir el mercado, nosotros lo hacemos crecer con responsabilidad».

No es casualidad que el anuncio coincida con la participación del Consistorio en el Salón Inmobiliario de Madrid. En ese escaparate, ha mostrado sus 31 promociones activas y los avances en construcción industrializada, una técnica que permite reducir los plazos y mejorar la eficiencia energética. También la Comunidad se ha sumado a esta apuesta: más de 5.500 viviendas del Plan Vive están en marcha y las primeras 3.000 se están entregando este año.

La oposición, sin embargo, no ha ahorrado en críticas a la iniciativa. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, se refirió al plan como a un gesto cosmético y lamentó que «no hay un control real sobre las plataformas turísticas ni un plan de inspección serio». Desde el PSOE, Reyes Maroto denunció que «se hacen anuncios millonarios, pero el alquiler sigue siendo inasumible para muchos jóvenes». Vox votó también en contra, acusando al Gobierno municipal de «asumir el discurso de la izquierda contra la propiedad privada».

La aprobación del Plan coincide con el segundo aniversario de la Ley de Vivienda del Gobierno que «no sólo no ha mejorado el acceso, sino que los efectos perniciosos de esta norma han recrudecido este problema debilitando el alquiler residencial, provocando una destrucción de la oferta de alquiler nunca vista hasta ahora y batiendo todos los récords de precios», concluye un informe del Observatorio del Alquiler, que cifra en 120.000 los pisos retirados del mercado desde la regulación del Gobierno de Pedro Sánchez.

La inseguridad jurídica y la ausencia de medidas para fortalecer el alquiler residencial son factores decisivos para que las caídas se hayan ido encadenando estos dos años. La previsión es que la cifra siga disminuyendo hasta las 681.920, según los autores del informe.

En este contexto, el Gobierno ha registrado la ley para subir el IVA de pisos turísticos al 21% y gravar más la vivienda vacía. El paquete de medidas incluye un nuevo impuesto estatal para desincentivar la compra de inmuebles por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes.

El anuncio de la ministra Isabel Rodríguez se produce después de la aprobación del nuevo plan municipal que se ha presentado como un gesto político de orden frente al caos. Más aún, cuando los datos muestran que el modelo estatal genera recelos. Según una encuesta reciente, el 48% de los madrileños rechaza la Ley de Vivienda del Gobierno, mientras que un 24% de los arrendadores está valorando cambiar el alquiler tradicional por el vacacional, ante la creciente inseguridad jurídica. «Nosotros damos respuestas desde lo local, con planificación y gestión», insisten en el Ayuntamiento. Y recuerdan que Madrid no sólo está conteniendo el avance de los pisos turísticos, sino que lidera una nueva generación de vivienda pública. Entre los proyectos clave, destacan las promociones en Vallecas, Carabanchel y Villaverde, donde se combina alquiler asequible, eficiencia energética y criterios de sostenibilidad urbana.

Contra la okupación

Para reforzar las medidas de Madrid frente a las políticas de Moncloa, la Comunidad y el Colegio de la Abogacía de Madrid han firmado un protocolo contra la «okupación». Ambas partes consideran «urgente e inaplazable» modificar las leyes estatales «que impiden a los jueces la expulsión urgente de los ocupantes ilegales» de vivienda y que retrasan los desahucios «en las ocupaciones no delincuenciales». En el protocolo, el Colegio de la Abogacía, el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y el Colegio de Procuradores de Madrid se apuesta por devolver a los jueces «la posibilidad de actuar con carácter inmediato» en los procedimientos de desahucio.

Los avances en vivienda no han logrado desactivar la bronca política. La tensión se agravó en el Pleno de Cibeles esta semana en la que la situación en el aeropuerto de Barajas protagonizó la agenda. Aena ha restringido el acceso nocturno a quienes no tengan tarjeta de embarque, lo que provocó un extraordinario cruce de acusaciones entre el presidente del operador, Maurici Lucena, y el alcalde Martínez- Almeida.

El conflicto ha desembocado finalmente en acuerdo. El Ayuntamiento y Aena han sellado una tregua por el censo de personas sin hogar en el aeropuerto. Las dos partes han acordado que una ONG censará a los más de 400 sintecho, un proceso de identificación individualizada que permita «dar la mejor asistencia social posible, en función de la problemática que puedan tener», detalló el alcalde, que entre el ruido político ha logrado construir un acuerdo que se hacía imprescindible.

«Madrid sigue construyendo» podría ser el lema de esta semana en la que José Luis Martínez-Almeida ha reivindicado la vivienda como una prioridad.