La batalla de Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez se libra con especial intensidad ahora en los tribunales con toda una cascada de demandas y recursos que cuestionan la política de Pedro Sánchez. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pone ahora en solfa la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (Ley de Eficiencia), que llevará a los tribunales “por falta de financiación y desarrollo de la norma”, según ha avanzado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante el encuentro informativo organizado por Europa Press.

García ha puesto de relieve que, a pesar de suponer un cambio profundo en la organización del sistema judicial, se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial, ni con las comunidades autónomas y sin la necesaria dotación presupuestaria. Es más, según sus cálculos, implantarla en la Comunidad supondrá un coste de 44 millones.

“La ley obliga al Gobierno central a evaluar el coste real que supone la aplicación de cualquier norma que promuevan y, por tanto, a dotar a las Comunidades Autónomas de los recursos necesarios para su aplicación. Sin embargo, el ministro Bolaños no solo ha incumplido estas obligaciones, sino que además nos ha impedido debatir y decidir también en Barcelona sobre esta cuestión”, ha lamentado el consejero. Es por esto por lo que ha anunciado la interposición de un requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, para que el Gobierno central evalúe primero el coste real de la implantación de la ley de eficiencia y dote después a las comunidades con competencias transferidas de la financiación suficiente, a través de los mecanismos establecidos en la propia LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas).

Además, Madrid ha solicitado que se convoque una nueva Conferencia Sectorial que aborde esta cuestión y el desarrollo reglamentario de la ley. “Porque apostar por una administración de justicia requiere invertir en ella. De lo contrario, todo lo que se haga se queda en mera cosmética”.

El consejero madrileño ha detallado que La ley de eficiencia del servicio público de Justicia supone la creación de los Tribunales de Instancia, la nueva Oficina Judicial, las Oficinas de Justicia en los municipios y los medios adecuados de solución de controversias, como requisito previo indispensable para la admisión a trámite de una demanda en las jurisdicciones civil y mercantil.

“Y la Comunidad de Madrid, a pesar de los múltiples defectos de esta norma, de la premura con la que se quiere aplicar y de la falta de financiación, seguirá desarrollándola, y volveremos a ser pioneros, como ya lo hemos sido con los facilitadores judiciales. No solo somos pioneros: somos la única comunidad autónoma que ha implementado esta figura”, ha subrayado.

García ha detallado que, para el desarrollo de esta ley, ya se ha acordado con los colegios de abogados fijar un nuevo baremo para compensar a los letrados del turno de oficio que realicen actuaciones en mediación y conciliación. Una labor por la que percibirán 385 euros si su actuación culmina en acuerdo y 200 euros si finaliza sin acuerdo. La orden que establece estos baremos se publicará en breve en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

García Martín ha detallado que el “Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas; obligación que resulta esencial para que las comunidades afectadas puedan conocer ese impacto y plantear, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las oportunas para sufragar y compensar esos costes. Hasta la fecha, no se ha recibido financiación por parte del Estado”.

El pasado viernes, no se celebró la Conferencia Sectorial de Justicia porque el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes “rehusó plantear estas medidas” que desarrolla la ley y las autonomías del PP decidieron plantarle.