La seguridad de nuestros vecinos no se negocia

Hay decisiones políticas que cuesta entender… y más aún justificar. La reciente instrucción del Ministerio del Interior para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no registren coches aparcados donde se esté consumiendo droga es una de ellas. Me cuesta incluso escribirlo sin indignarme. ¿De verdad estamos diciendo que un agente vea a alguien con drogas en un coche, y que no pueda intervenir? ¿Qué clase de mensaje estamos enviando como país?

Lo diré sin rodeos: en Leganés no vamos a mirar hacia otro lado. La seguridad de nuestros vecinos no se discute, no se aparca, no se delega. Se defiende. Con firmeza. Con responsabilidad. Y con sentido común, ese que tantas veces falta en los despachos gubernamentales.

Nos están pidiendo que aceptemos como normal lo que no lo es. Que la Policía observe pero no actúe. Que el consumo de drogas en plena calle, o dentro de un vehículo estacionado, no sea motivo suficiente para intervenir. Es como si se nos pidiera que nos cruzáramos de brazos mientras la ley se convierte en papel mojado. Y no, no pienso hacerlo. Ni yo, ni muchos otros alcaldes –de distintos colores políticos– que comparten esta preocupación.

Porque aquí hablamos de lo esencial: de proteger a nuestros vecinos. De cuidar nuestras calles, nuestros parques, nuestras plazas. De garantizar que un padre o una madre puedan llevar a sus hijos al colegio sin tener que taparles los ojos o la nariz al pasar junto a un coche lleno de humo. Y sí, lo digo así, porque lo he visto. Porque me lo han contado los vecinos. Porque me paran por la calle, me lo dicen en los mercadillos, en los partidos de fútbol de los chavales. Esta no es una polémica de salón: es la vida real.

Leganés es una ciudad de gente honrada, trabajadora, que se deja la piel cada día por sacar adelante a sus familias. Esa mayoría silenciosa, la que cumple, la que madruga, la que paga impuestos sin protestar, merece vivir en una ciudad limpia, segura y tranquila. No en un escenario donde el coche de enfrente apesta a marihuana y donde todo el mundo hace como que no pasa nada.

Desde el primer día que asumí la responsabilidad de ser alcalde, tuve claro que el respeto a la ley y al civismo no es negociable. Porque sin normas, no hay convivencia. Sin autoridad, no hay confianza. Y sin seguridad, no hay libertad.

Por eso hemos reforzado la colaboración entre Policía Local y Policía Nacional. Hemos aumentado la presencia en las calles, mejorado la dotación de medios y apostado por una ciudad que no solo reacciona, sino que también previene. Pero todo ese esfuerzo se tambalea cuando desde el Gobierno central se lanzan órdenes como esta, que dejan a nuestros agentes con las manos atadas. Una cosa es proteger derechos y otra muy distinta es desproteger a todos en nombre de una permisividad mal entendida.

Y no soy el único que lo dice. La asociación profesional de la Guardia Civil, Jucil, ha llevado esta instrucción ante la Audiencia Nacional. Consideran –con razón– que vulnera derechos fundamentales y convierte los coches en «espacios seguros» para el consumo e incluso el tráfico de drogas. ¿Nos damos cuenta del alcance de esta locura? Además, denuncian que la medida no afecta a las policías autonómicas. Es decir: en una comunidad se puede intervenir y en otra no. ¿Dónde queda la igualdad entre españoles?

Los agentes están hartos. Y con razón. ¿Qué autoridad puede tener un policía si se le impide actuar cuando ve algo que atenta contra la ley? ¿Qué confianza puede tener un ciudadano en las instituciones si ve que la impunidad se convierte en norma?

España no necesita más permisividad. Lo que necesitamos es protección, justicia, orden. Y sobre todo, coherencia. Gobernar no es inventarse titulares, ni improvisar medidas sin escuchar a quienes están en primera línea. Gobernar es tener coraje para defender lo que funciona, para corregir lo que no, y para proteger a quienes cumplen.

Muchos padres y madres me han escrito o se han acercado a mí preocupados por esta situación. Y desde aquí les digo: os entiendo, estoy con vosotros. Como alcalde, como vecino, como padre. No vamos a permitir que nadie degrade lo que tanto nos ha costado construir: barrios donde se pueda vivir en paz, en comunidad, sin miedo ni resignación.

Por eso, desde Leganés quiero lanzar un mensaje claro y sereno al Ministerio del Interior: rectifiquen. Escuchen a los agentes. Escuchen a los alcaldes. Escuchen a los vecinos. Esta medida no puede sostenerse ni jurídica ni moralmente. No puede haber una ley distinta según en qué barrio estés aparcado.

Y a todos los vecinos de Leganés –y también a todos aquellos que, vivan donde vivan, sienten que algo se está rompiendo– les aseguro una cosa: no estáis solos. Yo voy a seguir luchando. Por cada calle, por cada plaza, por cada derecho. Porque aquí no manda el descontrol. Aquí manda la gente. La gente que trabaja, que educa, que cuida, que sueña. Y yo, como alcalde, voy a estar siempre a vuestro lado.

Miguel Ángel Recuenco es alcalde de Leganés