Las multas del día del apagón pueden ser fácilmente recurridas

El apagón eléctrico que afectó a la península ibérica el pasado 28 de abril de 2025 plantea importantes dudas legales en materia de tráfico, transporte y procedimiento administrativo. Desde Pyramid Consulting, expertos en gestión de multas de tráfico y transporte, explican las principales consecuencias jurídicas y cómo deben actuar los ciudadanos y empresas afectadas por multas de tráfico y transporte derivadas del apagón

La caída de la red eléctrica paralizó semáforos, sistemas de pago en peajes, redes de comunicaciones y servicios de transporte público en toda España. Esta situación excepcional, totalmente ajena a los conductores, podría dar lugar a sanciones en varios supuestos como por ejemplo infracciones involuntarias al no respetar señales de tráfico apagadas o mal funcionamiento de los dispositivos de control. También puede haber incumplimiento de normativa de transporte, debido a retrasos no imputables al transportista profesional, o dificultades en la acreditación documental, al verse afectadas las herramientas telemáticas de gestión.

La empresa especializada Pyramid Consulting recuerda que, conforme a la normativa vigente, no puede sancionarse cuando concurren causas de fuerza mayor y aconsejan recurrir cualquier multa donde no se haya reflejado adecuadamente la situación de emergencia vivida el pasado 28 de abril. Para ello, si usted recibe una multa de ese día, se recomienda llevar a cabo algunos pasos como recopilar pruebas: artículos de prensa, informes oficiales, capturas de errores en sistemas electrónicos. Tampoco hay que precipitarse en el pago ya que hay que estudiar primero la procedencia del recurso. El siguiente paso sería presentar alegaciones basadas en la fuerza mayor y en defectos de motivación en la denuncia. Para ello, es aconsejable asesorarse con profesionales especializados en derecho de tráfico y transporte.

El apagón también provocó serias alteraciones en la tramitación de procedimientos administrativos y judiciales, al afectar gravemente a los servicios telemáticos de las Administraciones Públicas. Los expertos destacan que, conforme al principio de seguridad jurídica, y en aplicación de la legislación vigente, como es el artículo 135.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que, si la presentación de escritos no fue posible por interrupciones imprevistas, los plazos deben ampliarse hasta el primer día hábil posterior.

Por otra parte, el artículo 281.4 de la LEC exime de prueba los hechos de notoriedad absoluta y general, como es el caso del apagón. Y la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, en sus artículos 32.4 y 32.5, permite ampliar plazos afectados por incidencias técnicas graves o ciber incidentes. Además, el Consejo General del Poder Judicial, mediante comunicado oficial de fecha de 29 de abril de 2025, confirmó la paralización de plazos judiciales debido al apagón. Por todo ello, los abogados de Pyramid recomiendan a particulares y empresas solicitar la ampliación de plazos si su trámite resultó afectado.