La Comunidad aprueba un decreto que reduce el impacto económico en el Medio Ambiente

La modificación de la Ley conlleva que los municipios pasen a ser ahora órganos ambientales, asumiendo la evaluación de planes de desarrollo y sus correspondientes proyectos de urbanización

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio LuengoMarcial GuillénEFE

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Decreto Ley de mitigación del impacto socioeconómico del coronavirus en el área de Medio Ambiente con el que se pretende dar mayor “eficiencia y agilidad" a los procedimiento de evaluación y autorización ambiental. Así lo ha detallado hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, explicando que el objetivo es contribuir a la reactivación económica de la Región.

“Se aprueba como respuesta al nuevo escenario al que nos enfrentamos y para el que se demandan actuaciones que permitan reducir los tiempos de tramitación sin dejar de velar por el cuidado y la protección del medio ambiente, lo que conllevará a la creación de riqueza y empleo”.

El Decreto Ley, dirigido a agilizar los procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas y de proyectos para reducir el tiempo de tramitación, “redundará en un beneficio económico por el impulso de los proyectos o la posibilidad de implantación de infraestructuras e instalaciones”, ha dicho Luengo.

Según ha explicado tras el Consejo de Gobierno, el nuevo Decreto Ley incluye modificaciones en cuanto a la distribución de funciones en los procesos de evaluación ambiental entre las administraciones locales y autonómicas, la unificación y simplificación de procedimientos que anteriormente se ejecutaban en distintas fases o se duplicaban.

“Además, da mayor transparencia al crear un portal web donde los implicados podrán compartir información y conocer al momento el estado del proceso”.

Entre las medidas adoptadas con la modificación de la Ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada, el consejero ha querido destacar la de que todos los municipios “pasan a ser órganos ambientales”, asumiendo la evaluación de planes de desarrollo y sus correspondientes proyectos de urbanización; se reducen los plazos y coordinan trámites para los procesos de evaluación ambiental, autorización sustantiva y autorización ambiental integrada, se unifica la documentación exigida para los planes o programas y proyectos sometidos a evaluación o autorización ambiental; o se regulan los requisitos para la modificación de proyectos ya evaluados.