La Audiencia provincial de Murcia reabre el caso de la desaladora de Escombreras

La Audiencia Provincial de Murcia ha revocado el auto del juzgado de instrucción número 1 que archivó, en enero de 2021, la causa abierta contra el expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel por la desaladora de Escombreras.

En un auto notificado este martes, el tribunal estima uno de los dos motivos del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal que apunta al exmandatario autonómico como máximo responsable de las irregularidades del proyecto de la desaladora, y al que se adhirieron tanto la acusación popular como la Comunidad Autónoma, que interviene en este proceso como actor civil.

La Audiencia señala que la resolución debe ser revocada porque “está falta de la motivación suficiente y no explica las razones” que llevan a acordar el sobreseimiento con respecto a Valcárcel, y añade que existen indicios suficientes de que el expresidente del Gobierno autonómico estaba al corriente del desarrollo del proyecto de la desaladora y de las incidencias que ocurrieron durante la ejecución del mismo.

Para el tribunal, “es lógico” que Valcárcel tuviera conocimiento de todas esas actuaciones como máxima autoridad que era de la Región de Murcia, y por la envergadura del proyecto.

Por otro lado, la Audiencia recuerda que las actividades ilícitas se pueden realizar por comisión o por omisión y que, aparte de la autoría, existen las figuras de la complicidad, la inducción y la cooperación necesaria.

La Audiencia ordena así al juzgado de instrucción que dicte otro auto que salve la falta de motivación advertida en la resolución apelada, al tiempo que rechaza una segunda solicitud de la fiscalíaen la que se pedía la práctica de nuevas diligencias de prueba.

Contra este auto no cabe interponer recurso alguno.

En enero de 2021, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Murcia archivó la causa contra el expresidente por considerar que no había indicios suficientes que probaran que Valcárcel fuera conocedor o partícipe en los hechos investigados por la adquisición y gestión de la compra de la desaladora.

En esa causa, la Fiscalía apreciaba indicios de la comisión de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, y fraude de subvenciones por parte de Valcárcel.