Familiares de las víctimas de Atalayas vuelven a querellarse contra el Ayuntamiento, pese a que la Justicia rechazó la responsabilidad penal

Familiares de dos de las 13 personas que fallecieron el 1 de octubre en el incendio que arrasó dos discotecas en Murcia han presentado este martes una querella contra el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro (PP), y su predecesor, Andrés Guerrero (PSOE), y contra tres funcionarios municipales por presuntos delitos de prevaricación por omisión.

Kely Gómez, hermana del fallecido Kevin Gómez, y Jairo Correa, padre de la fallecida Leidy Paola Correa, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa acompañados por su abogado, José Manuel Muñoz Ortín, quien considera que en el Ayuntamiento de Murcia ha funcionado durante años una "trama organizada" que "permitió que esta discoteca (Teatre) funcionara de forma continuada e irregular" desde que inició su actividad en 2005.

Desde el Ayuntamiento de Murcia, se ha reiterado el máximo respeto y apoyo a los familiares de las 13 víctimas mortales del incendio de la zona de ocio de Atalayas, recordando que todos los servicios municipales han permanecido a su disposición desde el mismo día de la tragedia.

El Consistorio ha incidido en que el abogado Muñoz, perteneciente a la organización Ecologistas en Acción (en cuya sede ha ofrecido una rueda de prensa), ya ha intentado anteriormente sin éxito que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia, donde se instruyen las diligencias por el incendio de la discoteca Teatre, abriera una pieza separada contra el Ayuntamiento de Murcia por un supuesto delito de prevaricación administrativa por omisión.

Esta petición fue rechazada por la titular del Juzgado de Instrucción en un auto dictado el pasado 17 de noviembre de 2023, en el que señaló que "no existen las mínimas sospechas que justifiquen la apertura de la pieza separada interesada por presunto delito de prevaricación administrativa" contra representantes públicos o funcionarios del Ayuntamiento, "no habiendo hasta la fecha más que conjeturas de que la no ejecución de la orden de cese de actividad contra la discoteca Teatre contribuyó al resultado mortal".

"De los datos aportados hasta la fecha, no se atisban las mínimas sospechas razonables de que las acciones de los responsables del Ayuntamiento de Murcia entren indiciariamente en el ámbito penal", reiteró la resolución.

Además, este mismo abogado ya acusó de forma infundada al Ayuntamiento de Murcia de estar destruyendo o manipulando pruebas relacionadas con el incendio. Una acusación que rechazó de plano la juez, que en el citado auto del 17 de noviembre de 2023 afirmó tajantemente que "el Ayuntamiento de Murcia, tan pronto fue requerido por policía judicial, fue facilitando desde el primer momento todos los expedientes administrativos habidos para con la discoteca Teatre y además, aportando a policía documentos físicos y digitales, que consta agrupados en el último atestado obrante en autos".

El representante legal José Manuel Muñoz Ortín, estaría relacionado así mismo con el abogado de cabecera de Ecologistas en Acción, Ginés Ruiz Maciá, quien actualmente ejerce como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. Cabe recordar que Ruiz Maciá era el líder de Podemos en el Consistorio, hasta que dimitió por "diferencias" con la dirección regional.

Negligencia

Para el letrado, "estamos hablando de una forma de funcionar que permite que determinados funcionarios actúen de determinada manera", y ha insistido en que "había cerebros que pensaban qué hacer para que la discoteca siguiera funcionando", por lo que no se trata de una "actuación la de mala suerte ni de la fuerza mayor".

Por eso, considera que "se necesitan sanciones ejemplarizantes para que esto no sea el reino de taifas" y no vuelva a suceder un hecho similar y para dejar claro que "las leyes están para cumplirlas, también la administración".

Gómez ha insistido en que el incendio "fue un accidente, pero hay responsables" que no se han hecho cargo de lo sucedido, y ha cuestionado que no se hayan tomado medidas más contundentes porque todas las víctimas del siniestro eran de origen latinoamericano.

Por su parte, Jairo Correa ha sido contundente al considerar que las muertes de las 13 víctimas estuvieron provocadas "por la negligencia, la prevaricación, la corrupción" de responsables y funcionarios municipales, "por omitir y dejar pasar las normas de seguridad, tapar unos reglamentos, no cumplirlos".

"Para mí siempre será un asesinato, un homicidio. Involuntario, sí, pero se podría haber evitado y se pueden evitar esta clase de homicidios involuntarios" ha dicho, y ha exigido "responsabilidad a las entidades que más responsables son: el Ayuntamiento de Murcia y las personas que estaban encargadas de aplicar la ley".

En concreto, la querella apunta a que el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro (PP), que también ocupó el cargo entre 2015 y 2021, "desarrolló una normativa que permitía este funcionamiento", avalado también por el inspector del servicio técnico de Obras y Actividades, el jefe de servicio de Protección Civil y Protección contra Incendios y el jefe de servicio de Intervención, que son los tres funcionarios incluidos en la querella.

Por su parte, el concejal Andrés Guerrero (PSOE), que estuvo en el cargo entre 2021 y 2023, dictó la última de las órdenes de cese de actividad de la discoteca en 2022, pero incluyó una cláusula para el abogado "prevaricadora" puesto que permitía iniciar un nuevo procedimiento de legalización que dejaba sin efecto la propia orden de cierre.

La querella refleja que en total hay una veintena de expedientes relacionados con la discoteca, de los que tres son órdenes de suspensión y cese de la actividad, y otros cuatro son solicitudes de inicio de procedimientos de legalización.