Gibraltar tras el Brexit

El derecho de veto concedido por la Unión Europea, respectivamente, a Irlanda y a España sobre las consecuencias de la salida del Reino Unido a Irlanda del Norte y a Gibraltar representa para nuestro país una oportunidad histórica de avanzar en una estrategia para reintegrar la Roca a la soberanía nacional. Es preciso recordar aquí que, cuando España accedió al proceso integrador europeo en 1986, lo hizo sin condiciones en cuanto a Gibraltar, por lo que tuvo que aceptar una apertura total en materia de tráfico de personas, mercancías, capitales y servicios. Desde entonces, los llanitos se han enriquecido enormemente a nuestra costa al establecer un paraíso fiscal del que disfrutan numerosos residentes en nuestro país. Y, también, por la participación de las entidades financieras allí radicadas en el mercado europeo de servicios, así como por la floreciente industria del juego «on line», que igualmente evaden el pago de nuestros impuestos por los beneficios de las operaciones realizadas con residentes en España.

Esta situación de privilegio en el seno de la Unión Europea explica que más del 90% de los gibraltareños rechazaran el Brexit en el referéndum de junio de 2016, pues era su propia prosperidad económica la que estaba en juego. Desde entonces, el gobierno de la Roca vive en un estado de zozobra permanente, temerosos del fin de sus privilegios y de la vuelta a la cruda realidad de una pequeña ciudad cuya única fuente de ingresos era la existencia de una base militar del imperio británico. Esta zozobra aumenta si tenemos en cuenta que aún no está definida esa futura relación por la propia debilidad negociadora del gobierno de Londres al navegar entre las presiones de la City, que también hasta ahora ha vivido del mercado de capitales europeo –y, por tanto, favorable a seguir en el beneficioso mercado único– frente a las de los impulsores del referéndum, contrarios a continuar con una frontera abierta con Europa.

Los nervios son tales que la semana pasada el viceprimer ministro de Gibraltar, señor Joseph García, amenazó a España si hacía uso de ese derecho de veto sobre el futuro acuerdo pues restringirían los derechos de los españoles en Gibraltar. Este chantaje se sustenta principalmente en la precaria situación de los 13.000 españoles que diariamente cruzan la verja para trabajar en la Roca, la mayoría procedentes de La Línea, en el Campo de Gibraltar, una zona con una tasa de paro del 30%, y asolada por el tráfico de drogas.

Sin embargo, mientras, el gobierno de Irlanda ha sido muy claro a la hora de defender abiertamente sus intereses durante las negociaciones de la Unión Europea con el Reino Unido –ejercerían su derecho de veto a una frontera «dura» con Irlanda del Norte que dificultase las relaciones sociales y económicas entre ambas partes, lo que implica– nuestro gobierno parece haber entrado en un mutismo total respecto a cuáles son las condiciones que implicarían un ejercicio de nuestro derecho de veto sobre Gibraltar. Lo único que, por el momento, nos ha llegado son ciertas aspiraciones menores respecto al uso conjunto del aeropuerto, cuestión ya negociada por el ministro socialista Moratinos, y que para muchos fue una dejación más de nuestra acción exterior. No debemos olvidar que dicho aeropuerto fue construido durante la Segunda Guerra Mundial, aprovechándose de nuestra neutralidad, en el istmo que une la Roca con la península, territorio que nunca fue cedido a los británicos por el tratado de Utrecht.

Todo ello, nos lleva también a la desconfianza y al temor sobre cómo se vaya a aprovechar la oportunidad histórica que representa ese derecho de veto. Gibraltar ha de ser objeto de una política de Estado permanente. Si bien es cierto que no debemos volver al pasado y exigir un cierre de la verja, contrario a nuestros intereses de una mayor cohesión social y cultural entre gibraltareños y españoles, que les anime a desear su unión con nosotros, España no debería consentir la continuidad del paraíso fiscal a través del mantenimiento de la libertad de capitales y servicios de Gibraltar con España y el resto de la Unión Europea. No obstante, tampoco podemos dejar expuestos a posibles chantajes a nuestros trabajadores. Se hace necesario, y con carácter urgente, un plan de reactivación económica del Campo de Gibraltar, dotado de beneficios fiscales e inversiones, que promueva el desarrollo de la zona y también la aleje también del tráfico de drogas.

No es el momento todavía de plantear una negociación con garantías de éxito para recuperar la soberanía sobre Gibraltar pero sí de establecer las condiciones para que ésta se produzca. Si tenemos un derecho de veto, ejerzámoslo, no perdamos esta oportunidad.