Fuera de la ley

La crisis catalana ha puesto de relieve una inquietante paradoja: unos partidos políticos se organizan legal y públicamente con el propósito de segregar un territorio consiguiendo la independencia del Estado, que, a su vez, establece como fundamento de la Constitución «la indisoluble unidad de la nación española». Las trabas del texto constitucional a la pretendida independencia de una región, desgajándola del tronco común, son, si somos sinceros y realistas, prácticamente insalvables. Para eso se pusieron: para impedir de hecho esa segregación. Pero al mismo tiempo se quiso dejar claro, desde el arranque de la democracia, que en España no se perseguían las ideas políticas. Y así es. Esto se ha cumplido escrupulosamente aunque ahora mismo haya políticos separatistas presos y proliferen los lazos amarillos pidiendo su liberación.

La contradicción salta a la vista. El profesor Jordi Ibáñez Fanés pregunta en un artículo: «¿Por qué es legal poner en un programa para unas elecciones el propósito de llevar a cabo algo a todas luces ilegal?» Es la libertad de las ideas políticas, se responderá. Pero «algunas ideas políticas –apunta el articulista– sólo pueden llevarse a cabo rompiendo el orden constitucional establecido». En este caso alcanzando la independencia de Cataluña después de quebrar la legalidad vigente con el respaldo en las urnas de millones de ciudadanos, hábilmente atraídos a la causa con métodos cuando menos discutibles. Ante ese desafío, el Estado, que había estado durante mucho tiempo mirando para otro lado, reacciona con dureza y con todas las armas jurídicas a su alcance en defensa de la legalidad, entre acusaciones de autoritarismo y de judicializar la vida política. Y en esas estamos. Es lo más parecido a un callejón sin salida. Una pugna entre legalidades.

Contemplada la tremenda paradoja y visto el resultado, lo razonable sería, aunque puede que fuera tarde, plantearse, como en Alemania, la ilegalidad de los partidos separatistas. En Alemania, con buena lógica germánica, está prohibido organizarse políticamente para alcanzar lo que la Constitución establece como inadmisible. En España somos mucho más permisivos y así nos va. ¿No se piden soluciones políticas? Pues esa sería una. Puede que, a la larga, la mejor de todas. La otra consiste en liquidar la Constitución del 78, que tan buenos resultados ha dado, y disolver España. Es lo que quieren los insurrectos catalanes y sus cómplices de izquierda. Desde hace mucho tiempo, la principal amenaza a la convivencia democrática en España procede de los movimientos secesionistas. Conviene aplicarse el cuento y poner manos a la obra. A grandes males, grandes remedios.